Bolivia promulga ley contra violencia sexual digital a menores

Bolivia tipifica cinco nuevos delitos digitales con penas de hasta 15 años de cárcel para proteger a menores de violencia sexual en entornos digitales.
El Deber
Imagen representativa de la ley de protección infantil en entornos digitales Información de autor no disponible / EL DEBER
Imagen representativa de la ley de protección infantil en entornos digitales Información de autor no disponible / EL DEBER

Bolivia promulga ley para proteger a menores de violencia sexual digital

Se tipifican cinco nuevos delitos con penas de hasta 15 años de cárcel. La normativa, promulgada anoche, fortalece la prevención, protección y reparación de víctimas. Establece el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos crímenes.

Un escudo legal para los más vulnerables

El presidente Luis Arce destacó que esta ley “crea un marco regulatorio sólido” para identificar, investigar y sancionar estos delitos cometidos en cualquier plataforma digital o medio de comunicación. La normativa fue una propuesta de la Fiscalía General del Estado.

Nuevos delitos y sus penas

La Ley 1636 incorpora al Código Penal figuras como el contacto con fines sexuales a través de las TIC, el abuso sexual digital, la exposición a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil. La distribución o comercialización de dicho contenido conlleva una pena de 10 a 15 años de presidio. El envío de mensajes o contenido sexual a menores se sanciona con 4 a 8 años de cárcel.

Derechos de las víctimas y obligaciones institucionales

La ley dispone que toda víctima tiene derecho “a la reparación del daño” por parte del autor. Los jueces deberán disponer medidas de seguridad y tratamientos psicológicos, cuyos avances se informarán mensualmente. Además, se fortalece el rol del sistema educativo y de salud, estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral.

Un vacío que exigía respuesta

La necesidad de esta ley surgió ante el aumento de delitos sexuales contra menores en entornos digitales, que carecían de una tipificación penal específica y un marco regulatorio adecuado para su persecución y sanción.

Un reglamento en seis meses

Tras la promulgación, se abre un plazo de 180 días para que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) desarrolle un marco reglamentario para regular, controlar y supervisar la correcta prestación de los servicios por parte de los operadores, con el fin de proteger a los menores en entornos digitales.

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