Autoridades denuncian vulneración de derechos por hacinamiento carcelario

El 65% de los presos en Bolivia está en prisión preventiva sin sentencia. Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, y el Defensor del Pueblo alertan sobre el incumplimiento de plazos procesales y políticas punitivas desmedidas. Datos oficiales revelan un aumento de 24.000 a 32.500 reclusos hasta enero de 2025.

«El Estado vulnera derechos fundamentales»

Juan Carlos Limpias afirmó que «el crecimiento desproporcionado de la población penitenciaria obedece al incumplimiento de garantías procesales». Criticó que la seguridad ciudadana se aborde solo desde el castigo, ignorando los plazos legales. «La sociedad necesita una respuesta, pero con respeto a los derechos», subrayó durante un programa del Defensor del Pueblo.

Contradicciones en las políticas

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, destacó que el Decreto Presidencial N° 5137 busca aliviar el hacinamiento con amnistías, pero cuestionó que jueces apliquen prisión preventiva «de forma desproporcionada». También criticó iniciativas como «Lo ajeno no se toca», que endurece penas para delitos menores.

Cifras que alarman

Según datos oficiales, Bolivia pasó de 24.000 a 32.500 reclusos en cuatro años, con un 65% en prisión preventiva. Callisaya insistió en que «se requiere una política penitenciaria integral, no solo punitiva», que priorice reinserción y derechos humanos.

Seguridad vs. Derechos: un debate pendiente

Limpias cuestionó que políticos prometan «más seguridad» sin evaluar el impacto en las cárceles. El sistema judicial enfrenta críticas por judicialización excesiva y falta de regulación en el uso de la prisión preventiva, pese a las medidas de descongestión.

¿Hacia una reforma penitenciaria?

La situación expone la urgencia de equilibrar seguridad ciudadana con garantías procesales. Mientras el Gobierno impulsa decretos para reducir el hacinamiento, persisten prácticas judiciales que lo agravan, según las autoridades consultadas.