Senador Montero advierte de responsabilidades por incumplir Ley del Oro
El legislador señala al Presidente, al Ministro de Economía y al titular del BCB si no se mantienen las 22 toneladas de oro en reserva, como exige la Ley 1503. Afirma que se han utilizado tecnicismos para eludir la autorización legislativa para pignorar el metal.
Una advertencia con nombres y apellidos
El senador Henry Montero declaró que «si no hay 22 toneladas de oro, por supuesto que es un ilícito». Aseguró que de no cumplirse la ley, la responsabilidad recaería «desde el Presidente (Arce) hasta el (presidente interino) del Banco Central de Bolivia, pasando por el Ministro de Economía». Anunció la búsqueda de mecanismos jurídicos para iniciar juicios.
El marco legal en disputa
La Ley 1503 establece que «el Banco Central de Bolivia deberá mantener un mínimo de veintidós (22) toneladas de reservas de oro». Por su parte, la Ley 1670 del BCB manda que «la pignoración del oro de los bolivianos debe efectuarse con aprobación de la Asamblea Legislativa». Montero acusó al Gobierno de introducir artículos en otras leyes y modificar reglamentos para sortear este requisito.
Las repercusiones para el país
Montero alertó de la necesidad de «500 millones de dólares para ése oro que ha sido pignorado» en un plazo de 12 meses. Subrayó que la situación económica actual, con el país «‘raspando la olla'», es consecuencia de estas acciones y de un modelo económico que, a su juicio, ha fracasado.
Dos décadas de gestión en el punto de mira
El parlamentario argumentó que los gobiernos del MAS, en 20 años, manejaron más de 50.000 millones de dólares solo por ingresos de hidrocarburos, a lo que sumó créditos externos e internos. Afirmó que esos recursos fueron despilfarrados, corrompidos y distribuidos en prebendas, dejando un país quebrado, sin combustibles e importando alimentos.
Un futuro que exige cuentas claras
La situación descrita plantea un escenario de potencial incumplimiento de la ley y una grave presión sobre las Reservas Internacionales. Las implicaciones dependen de la verificación del nivel actual de las reservas de oro y de la capacidad del Estado para gestionar la deuda contraída con el metal empeñado.
