Exministro de Áñez y exejecutivos del BCB son sentenciados a 8 años de cárcel
Condena por gestionar un crédito del FMI sin autorización de la Asamblea Legislativa en 2020. El exministro José Luis Parada y dos exejecutivos del Banco Central de Bolivia fueron declarados culpables. Otros cinco directivos del BCB fueron absueltos en la misma causa.
Una condena por un trámite irregular
El exministro de Economía José Luis Parada Rivero fue sentenciado a 8 años de cárcel. El delito fue su participación en la gestión de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) el año 2020, sin la autorización de la Asamblea. Junto a él, se declaró rebeldes a los exejecutivos del BCB Guillermo Aponte Reyes Ortiz y Walter Guzman Tordoya.
El procedimiento judicial
El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia, el Viceministerio de Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado. La defensa argumentó que se trató de un tratamiento de Derechos Especiales de Giro, por lo que no debía seguir el trámite de un crédito externo.
Los hechos específicos
El 10 de abril de 2020, Parada y el expresidente del BCB Guillermo Aponte firmaron la carta de intención para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG. Posteriormente, el 20 de abril, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional sin el aval de la Asamblea Legislativa.
Un caso entre absoluciones y condenas
En la misma causa se absolvió a cinco directores del Banco Central de Bolivia (BCB): Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, Erwin Walter Morales Carrasco y José Gabriel Espinoza Yáñez.
Un crédito en tiempos de transición
Los hechos ocurrieron durante la gestión de gobierno de Jeanine Áñez, en abril de 2020. En ese contexto, se gestionó un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI por un monto equivalente a aproximadamente 24 millones de dólares, sin seguir el procedimiento de autorización legislativa establecido para los créditos externos.
El fallo judicial sienta un precedente
La sentencia en primera instancia establece responsabilidades penales por la aprobación irregular de créditos durante aquella gestión. El caso fue impulsado por instituciones del Estado y concluye con condenas y absoluciones, marcando un precedente sobre el procedimiento requerido para este tipo de operaciones financieras internacionales.
