Autoridades bolivianas expulsan a 38 extranjeros vinculados al narcotráfico
Al menos una decena de capos residían en el país con identidades falsas. El viceministro Jaime Mamani informó de las expulsiones. Líderes de organizaciones como el PCC vivían en zonas residenciales de Santa Cruz.
Una red desarticulada
En los últimos dos años, al menos una decena de capos del narcotráfico fueron descubiertos viviendo en Bolivia. Residían en zonas residenciales de Santa Cruz, vivían de forma ostentosa y se camuflaron con la sociedad boliviana bajo identidades falsas. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que se expulsaron a 38 ciudadanos de diferentes nacionalidades vinculados al narcotráfico y otros ilícitos.
Los casos más relevantes
Entre los casos más conocidos se encuentran el uruguayo Sebastián Marset, quien obtuvo una cédula de identidad boliviana con un certificado de nacimiento falso, y el brasileño Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, capturado en 2025. Se estableció que Sergio Luiz de Freitas Filho, líder del Primer Comando Capital (PCC), vivió en la capital cruceña desde hace 10 años bajo la identidad de Sérgio Noronha Filho.
Postura oficial y críticas
Mientras el presidente Luis Arce aseguró que no existen cárteles del narcotráfico en territorio boliviano, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que Santa Cruz es el «santuario» del PCC. La criminóloga Gabriela Reyes cuestionó que el jefe de Estado siga negando la presencia de estas organizaciones criminales transnacionales.
Un problema de larga data
Las investigaciones revelaron que varios de estos capos llevaban años residiendo en Bolivia. Marset ingresó en 2018 y Lourival Máximo da Fonseca, el ‘narco de los mil nombres’, vivió en Santa Cruz desde 2016 usando más de 11 identidades falsas. Esto evidencia una presencia criminal consolidada y enraizada en el país.
Un desafío de seguridad persistente
La captura y expulsión de estos individuos muestra los esfuerzos de las autoridades, pero también revela la magnitud del desafío. La capacidad de estas redes para operar con impunidad durante años utilizando identidades falsas plantea serias implicaciones para la seguridad nacional y la eficacia de los controles migratorios.
