Alcalde de La Paz es imputado y enfrenta detención preventiva por caso Bajo Llojeta
Iván Arias denunció que la Fiscalía lo acusa de incumplimiento de deberes. La medida judicial surge tras el deslizamiento de 2024 que dejó una niña muerta y daños en tres barrios. El edil responsabiliza a la empresa Kantutani, cuyo representante está prófugo en Perú.
«Indignado y sorprendido»: la reacción del alcalde
Arias declaró que se enteró de la imputación al acudir a la Fiscalía por otro trámite. «El principal culpable sigue libre», afirmó en referencia al responsable de Kantutani. La Dirección de Asuntos Jurídicos confirmó que el caso incluye ahora los delitos de estragos, lesiones leves e incumplimiento de deberes.
Detalles de la imputación
Amparo Morales, directora jurídica municipal, precisó que aún no recibieron la notificación formal, pero conocen la medida a través del sistema digital. «Analizaremos la imputación cuando llegue», señaló. La Fiscalía también solicitó detención preventiva para Arias, según Morales.
El drama de Bajo Llojeta
El 23 de noviembre de 2024, un deslizamiento de tierra causó la muerte de una menor y graves daños materiales. La Alcaldía atribuye el hecho a movimientos irregulares realizados por Kantutani en un cementerio de la zona alta. Arias criticó la lentitud en la extradición de Luis Iturralde, representante de la empresa.
Respuesta institucional
El municipio destacó que técnicos y obreros trabajan en la zona desde el primer día y gestionaron apoyo social. Arias calificó el proceso judicial como «una intencionalidad política», mientras insistió en su inocencia: «A los que trabajamos nos persiguen, y los culpables están libres».
Un antes y un después en La Paz
El caso Bajo Llojeta marcó un punto crítico en la gestión de riesgos de la ciudad. La tragedia expuso fallas en la supervisión de obras privadas y reactivó el debate sobre responsabilidades penales en desastres evitables.
Justicia bajo la lupa
El desenlace del proceso judicial definirá no solo la situación de Arias, sino también el precedente para futuros casos de negligencia institucional. La ciudadanía paceña espera claridad sobre las responsabilidades reales en la tragedia.
