Gobierno aguarda ejecución de condena a Murillo para exigir reparación
El Estado reclamará más de dos millones de dólares por daño económico. La Procuraduría General indica que se espera la ejecución de la sentencia del caso gases Brasil. El exministro tiene dos condenas y al menos seis procesos en su contra.
Un camino judicial con múltiples causas
El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, indicó que el Gobierno aguarda la ejecución de la sentencia por el caso gases Brasil para luego presentar la demanda de reparación civil. Explicó que en este proceso de contratación irregular se determinó un daño económico de más de 2 millones de dólares, debido a un sobreprecio denotado por la Contraloría General del Estado. En el caso gases Ecuador, el daño aún se está cuantificando.
La situación procesal del exministro
Al exministro de Gobierno (2019-2020) Arturo Murillo pesan dos condenas: una de ocho años por el caso gases Brasil y otra de cinco años y cuatro meses por el caso gases Ecuador. Un juez determinó este sábado detención preventiva para Murillo en el penal de San Pedro, en el marco del caso gases Brasil, al considerar que existen riesgos procesales.
Un historial de procesos judiciales
La Procuraduría tiene conocimiento de seis procesos contra Murillo, entre los que se encuentran los casos Sacaba y Senkata. Condori añadió que hay otros procesos contra la exautoridad que iniciaron otras entidades estatales y personas particulares. Previamente, en enero de 2023, EEUU condenó a Murillo a 70 meses de prisión por lavado de sobornos recibidos a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato.
Antecedentes de una contratación cuestionada
Los casos judiciales contra el exministro Murillo se originan en su gestión durante el gobierno de Jeanine Áñez. El daño económico cuantificado en el caso gases Brasil, de más de dos millones de dólares, se debe a una contratación irregular con sobreprecio que ya había sido observada por la Contraloría General del Estado.
El Estado procederá al reclamo económico
La Procuraduría General realizará los trámites para ejecutar las condenas y, una vez hecho, presentará la demanda de reparación civil por el daño económico causado al Estado boliviano. El impacto para el ciudadano reside en la recuperación de fondos públicos desviados mediante estos contratos irregulares.
