Arturo Murillo regresa esposado a Bolivia para enfrentar procesos penales
El exministro de Jeanine Áñez fue deportado desde Miami y trasladado a La Paz, donde enfrenta 15 causas judiciales y dos sentencias condenatorias. Su llegada al aeropuerto de Viru Viru se produjo en la madrugada del 4 de septiembre de 2025.
Un regreso bajo custodia
Arturo Murillo llegó al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz a las 04:15 del 4 de septiembre en un vuelo comercial de BoA proveniente de Miami. Un grupo de policías bolivianos subió a la aeronave, le colocó un chaleco antibalas y esposas en las muñecas para escoltarlo. Fue sometido a una revisión médica que diagnosticó hipertensión y un cuadro de ansiedad. Posteriormente, fue trasladado en otro avión rumbo a La Paz.
Las causas pendientes
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó que sobre Murillo pesan 15 procesos penales en el país. Entre ellos, dos sentencias condenatorias en apelación: una de ocho años de cárcel por el caso Gases Lacrimógenos, y otra de cinco años y cuatro meses por el caso Gases del Ecuador. También existen declaratorias de rebeldía y acusaciones por resoluciones contrarias a la Constitución.
Repercusión y reacciones ciudadanas
Las imágenes de Murillo sonriendo durante su traslado desataron una ola de críticas. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, consideró que su actitud «demuestra soberbia». En contraste, su abogado, Jaime Tapia, pidió que su defendido pueda enfrentar los procesos en libertad, amparándose en un instructivo del TSJ. Desde el oficialismo y la oposición surgieron voces exigiendo su encarcelamiento en Chonchocoro.
Un pasado que lo persigue
Arturo Murillo estuvo en el poder entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, como ministro de Gobierno del gobierno de Jeanine Áñez. Optó por huir del país antes de que se produjera la transición política tras las elecciones que ganó el MAS. Su gestión estuvo marcada por su participación en la crisis política de 2019.
Justicia en proceso
El exministro deberá enfrentar ahora la programación de audiencias para definir medidas cautelares y el desarrollo de los múltiples procesos penales en su contra. Su caso se enmarca en un contexto de transición política en el país, poniendo a prueba el sistema judicial boliviano.
