Municipio de Viacha notifica a mineras con nueva ley de prohibición
El alcalde notificó personalmente a las empresas con la Ley 042/2025. La norma declara al municipio libre de actividades mineras contaminantes. Se procedió a clausurar negocios sin licencias de funcionamiento o ambiental.
Una aplicación puerta por puerta
El alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, informó que este viernes 4 de septiembre se procedió a notificar a las empresas mineras. «He venido personalmente, puerta por puerta, a notificar», explicó la autoridad. El Ejecutivo municipal aclaró que aquellas empresas sin la documentación en regla «las estamos clausurando y estamos señalando como infractor».
Un problema de larga data
La contaminación ambiental en Viacha no es un problema nuevo. En 2024, un multitudinario cabildo con participación de comunidades originarias y juntas vecinales determinó exigir la renuncia del alcalde y crear una ley de expulsión de las empresas mineras que operan irregularmente.
Repercusión y conflictos
La concejal de oposición Lizeth Villagómez denunció ser víctima de amenazas y agresiones por parte de vecinos afines al alcalde. Ella y otros dos legisladores encabezan la lucha contra la contaminación del agua con cianuro y otros químicos, provocada por las empresas que operan de forma ilegal.
Contaminación comprobada
El gerente de la Empresa de Agua Municipal de Viacha (EMAPAV), Eddy Gutiérrez, confirmó que trabajadores de una empresa minera estuvieron expuestos a cianuro libre hallado en el agua. Este líquido es proveído por una cisterna a comunidades para consumo humano. Gutiérrez también lamentó que el hostigamiento a su personal «ha generado la renuncia de personal técnico».
Un conflicto que viene de lejos
El tema de la contaminación ambiental en el municipio de Viacha no es nuevo. Ya en 2024 se celebró un cabildo multitudinario que determinó expulsar a las empresas mineras y al propio alcalde Napoleón Yahuasi, además de iniciar una auditoría ambiental.
El camino por delante
La aplicación de la nueva normativa municipal se desarrolla en un contexto de alta conflictividad social y denuncias de contaminación comprobada. El proceso de notificación y clausura marca un punto crítico en la disputa entre la actividad minera, la población y las autoridades locales.
