Gobierno boliviano confirma deportación de Arturo Murillo desde Estados Unidos
El exministro será aprehendido a su llegada para cumplir dos sentencias en Bolivia. Su arribo está previsto para este jueves 4 de septiembre al aeropuerto de Viru Viru. Las autoridades confirmaron que será puesto a disposición de la justicia.
Un viaje con destino a la justicia
El Gobierno confirmó este miércoles que Arturo Murillo está siendo deportado de Estados Unidos a Bolivia. El viceministro Jhonny Aguilera informó que el arribo de Murillo a Bolivia está previsto para las 4:55 de este jueves 4 de septiembre. El exministro llegará al aeropuerto de Viru Viru y se ejecutará su mandamiento de aprehensión.
El itinerario de la aprehensión
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, detalló el procedimiento: después de los primeros trámites, viajará con escolta hacia El Alto, para luego ser conducido a instancias policiales. Se anunció que el exministro será puesto a consideración de la justicia para que sea enviado a la cárcel de San Pedro.
Las condenas pendientes
El Gobierno recordó que el exministro tiene dos sentencias en su contra. Una de ocho años de prisión por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019. Y, la segunda, de cinco años y cuatro meses, por el ingreso al país de armamento desde Ecuador.
De ministro a recluso
Murillo fue ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez. En 2021 fue detenido en Estados Unidos y luego condenado por lavar dinero proveniente de la corrupción. Este año cumplió su sentencia en Estados Unidos y se encontraba en un centro de detención de migrantes hasta que un juez dispuso su deportación a Bolivia.
La última palabra la tiene el juez
El ministro Ríos explicó que, si bien Murillo debería ser enviado a la cárcel de San Pedro para cumplir sus sentencias, esa decisión dependerá de una autoridad jurisdiccional.
El fin de un proceso judicial internacional
El cierre de este caso representa la conclusión de un proceso legal que involucró a los sistemas judiciales de Bolivia y Estados Unidos, y la aplicación de sentencias por delitos de corrupción cometidos durante un gobierno anterior.
