Asociación Internacional de Expertos acusa a Israel de genocidio en Gaza
El 86% de los miembros votantes de la IAGS respaldó la resolución. La organización, con 500 expertos, incluye a estudiosos del Holocausto. Israel rechazó la acusación y la calificó de «vergüenza».
Una resolución contundente de los especialistas
La Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio (IAGS) afirmó que «las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio». La presidenta de la organización, Melanie O’Brien, declaró que «las personas que son expertas en el estudio del genocidio pueden ver esta situación por lo que es». La resolución también reconoce que el ataque inicial de Hamas «constituye crímenes internacionales».
El conflicto en cifras
El conflicto comenzó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, donde milicianos de Hamas mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251. En la ofensiva israelí, más de 63.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, que señala que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. La ONU considera esta fuente como la más confiable.
La contundente respuesta de Israel
Israel negó vehementemente la acusación. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí señaló que «la IAGS ha establecido un precedente histórico» al acusar a «la propia víctima de genocidio, a pesar del intento de genocidio de Hamas». Calificó la resolución como una «vergüenza para la profesión legal».
Antecedentes de una convención post-Holocausto
El genocidio fue codificado en una convención de 1948 creada tras los horrores del Holocausto. La convención lo define como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Israel fue fundado en parte como un refugio tras el Holocausto, en el que unos seis millones de judíos europeos fueron asesinados.
Un caso que ya está en la Corte Internacional
La repercusión de esta acusación se suma a un caso presentado contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por Sudáfrica, que alega violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Si bien la CIJ no tiene una fuerza policial para implementar sus fallos, las naciones pueden informar de incumplimientos al Consejo de Seguridad de la ONU, que puede imponer sanciones.
