Exalcalde Revilla afirma que masistas le ofrecieron resolver sus casos por dinero

Luis Revilla asegura que personas allegadas al MAS le pidieron dinero para cerrar sus procesos judiciales. El exalcalde de La Paz, actualmente en Brasil, publicó una carta abierta respondiendo al presidente del TSJ. Expresó su deseo de retornar al país si se garantizan sus derechos constitucionales.

Una esperanza desde el exilio

Luis Revilla recibió «con entusiasmo» las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien instó a los exiliados a retornar a Bolivia. En una carta abierta, el exalcalde afirmó: «Quiero volver al país junto a mi familia, con mis derechos constitucionales plenamente garantizados». Asegura que puede demostrar su inocencia en todos los procesos si existe una justicia que busque la verdad.

La denuncia de extorsión

Revilla reveló que «entre 2023 y 2024, en más de una ocasión recibimos ofrecimientos de personas allegadas al masismo para ‘resolver todos nuestros casos de una sola vez’ a cambio de sumas de dinero». Él y su esposa se negaron a pagar, afirmando ser inocentes y no tener dinero mal habido.

La huida precipitada

Según su relato, la decisión de buscar refugio se tomó en horas cuando se enteraron de que «Evo Morales había preguntado en varias oportunidades a los ministros de Luis Arce: ¿Por qué Revilla no está preso?». Esto ocurrió después de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por un caso relacionado con la compra de buses Pumakatari en 2013, que él califica como armado.

Un contexto de persecución política

Tras el regreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder en 2020, Revilla fue uno de los políticos de oposición denunciados. Él considera que estas acciones fueron parte de una «venganza» en contra de quienes habían denunciado «el fraude» en las elecciones de 2019. Insiste en que ninguno de los casos en su contra tiene sustento real.

La justicia como única vía de retorno

El retorno de Revilla depende de que las nuevas autoridades judiciales, como el Fiscal General designado por dos tercios del Parlamento, le devuelvan la fe en el sistema. Su caso ejemplifica el desafío de garantizar justicia imparcial para los ciudadanos bolivianos en un clima político polarizado.