Exalcalde Revilla denuncia persecución política desde el exilio

Luis Revilla afirma ser víctima de una persecución judicial sin pruebas. El exalcalde de La Paz, actualmente en el exilio, desea volver al país tras las declaraciones del presidente del TSJ. Cuestiona las denuncias en su contra y las califica de instrumentos de intimidación.

Una carta desde el exilio

En una carta publicada en sus redes sociales, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, denunció ser víctima de una persecución política y judicial que ha sufrido junto a su familia en los últimos años. Afirmó que se fue del país para preservar su libertad y su integridad frente a quienes solo pretendían «venganza».

Los métodos de intimidación

Relató que su suegra fue detenida ilegalmente y permanece con detención domiciliaria. Además, su hija de 18 años fue citada con el fin de presionarla y averiguar su paradero. «Todo fue hecho para intimidar, afectar nuestro ánimo y destruirnos en lo familiar y emocional», escribió.

Denuncias sin sustento

El exalcalde aseguró que todos los casos en su contra son denuncias sin pruebas y que ninguno ha llegado a juicio. «Ninguno de los casos armados en mi contra tiene sustento. Todos son solo denuncias sin pruebas; ninguno ha llegado a juicio», indicó.

Ofrecimientos y una lista de perseguidos

Según expuso, recibió ofrecimientos de personas allegadas al MAS para «resolver todos nuestros casos de una sola vez» a cambio de sumas de dinero. Afirmó que su situación no es aislada y que forma parte de una lista de opositores «perseguidos injustamente», entre los que mencionó a Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez.

Un contexto de confrontación política

La situación del exalcalde se enmarca en un escenario político boliviano marcado por la acusación de persecución judicial hacia figuras opositoras. El propio Revilla se incluye en una lista de líderes opositores que alegan ser blancos de procesos judiciales sin fundamento.

La esperanza de un retorno

Revilla exteriorizó su deseo de volver al país, esperanza que deposita en las recientes declaraciones del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien afirmó que en el país no habrá «nunca más ningún perseguido». La posibilidad de su retorno depende de que se garanticen sus derechos constitucionales y de un cambio en el actuar de la justicia.