Justicia boliviana concede detención domiciliaria a Camacho y Pumari
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, convoca a refugiados políticos a retornar a Bolivia. La medida judicial se produce tras audiencias en tribunales de La Paz, Santa Cruz y Potosí. La Procuraduría General del Estado anunció que apelará la decisión.
Un llamado al regreso
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró que «la justicia ha recobrado su independencia» y que «el debido proceso ha sido restituido». En este contexto, realizó un llamado público a «todos nuestros compatriotas que están fuera del país para que retornen a celebrar con sus familias y su pueblo», garantizando que la justicia nunca será instrumento de persecución.
Reacciones positivas desde el exterior
Exautoridades del gobierno de Jeanine Añez, como la excanciller Karen Longaric y el exministro de Defensa Fernando López Julio, aplaudieron la decisión desde el exterior. López Julio afirmó: «¡Todo cambia!», en alusión a los más de 10.000 refugiados y perseguidos políticos. El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, mostró esperanza y declaró que analizará con sus abogados un posible retorno, siempre que existan garantías de que ya no hay persecución política.
La Procuraduría anuncia apelación
Por otro lado, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, descalificó la decisión judicial y confirmó que su institución, junto al Ministerio Público, apelará la medida. Condori afirmó que la Procuraduría tiene «todos los recursos necesarios jurídicos como para poder paralizar esta situación» y revertir el fallo, aunque admitió que el TSJ tendrá la última palabra al respecto.
Un país marcado por la fractura política
Los hechos se enmarcan en las acusaciones por los sucesos de 2019. Exautoridades opositoras salieron de Bolivia hace casi cinco años para evitar ser encarceladas por el gobierno del MAS, que las acusaba por dichos eventos. Este contexto de persecución política alegada generó un éxodo de figuras públicas.
El futuro depende de la última instancia judicial
La situación queda sujeta al resultado de la apelación interpuesta por la Procuraduría, cuya resolución final corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. El desenlace definirá la permanencia de la medida cautelar y podría sentar un precedente sobre el clima político-judicial en el país.
