Defensoría boliviana confirma normalización de extorsiones en cárceles

El 61,3% de los jóvenes privados de libertad paga «derecho de piso». Un diagnóstico nacional revela que los cobros ilegales son una práctica sistemática y normalizada que vulnera derechos fundamentales en los penales.

Un sistema de abusos normalizado

Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad” señala que los cobros indebidos y las extorsiones forman parte de la cotidianidad en los centros penitenciarios. El documento establece que estas prácticas no son hechos aislados, sino un sistema de abusos normalizado que vulnera derechos fundamentales y pone en entredicho el rol del Estado.

El precio de la «seguridad»

El diagnóstico establece que el 61,3% de los jóvenes privados de libertad (JPL) encuestados admitió haber pagado “derecho de piso” al ingresar al penal, con montos que van desde 700 hasta 2.000 bolivianos. Quienes no logran cubrir las cuotas son confinados a espacios denominados “gallineros”, donde deben dormir de pie en condiciones infrahumanas.

Cobros permanentes y violencia

El 49,3% de los entrevistados aseguró que debe pagar de forma regular para acceder a protección o condiciones mínimas. “Todo tiene precio en la cárcel”, se repite en los testimonios. Además, los privados de libertad denunciaron que muchos de estos pagos se imponen mediante violencia, incluyendo castigos físicos y ahogos.

Precariedad económica e impunidad

Más de la mitad de los jóvenes internos no cuenta con ingresos, y el prediario resulta insuficiente. Ante ello, deben autogestionar su alimentación e higiene, lo que aumenta su dependencia de las redes de cobro ilegales. Autoridades penitenciarias han negado la existencia de estos cobros o han minimizado el problema, afirmando que los montos son “bajos”.

Un sistema penitenciario en crisis

La persistencia de estas dinámicas erosiona el objetivo central de la privación de libertad: la reintegración social. El diagnóstico defensorial plantea que los cobros son parte de un problema estructural y sistémico. Lejos de ser espacios de rehabilitación, los penales refuerzan la dominación de grupos internos sobre las personas más vulnerables.

La reintegración social, en entredicho

La normalización de las extorsiones no solo vulnera la dignidad de los privados de libertad, sino que revela la fragilidad institucional y la incapacidad del sistema penitenciario de cumplir su mandato legal y constitucional de garantizar derechos y fomentar la rehabilitación.