Fiscalías de Bolivia y Perú firman acuerdo contra crimen organizado transnacional
El pacto establece equipos de investigación binacionales e intercambio de información. Suscrito este 28 de agosto en La Paz, busca combatir delitos ambientales y de alta complejidad que afectan a ambos países y a la región.
Una alianza estratégica sin fronteras
El Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la Fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, suscribieron el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional. El documento implementa mecanismos de trabajo conjunto que incluyen el intercambio oportuno de información, la conformación de equipos de investigación binacionales y el uso de técnicas especiales de pesquisa, en el marco de la normativa de cada país.
Compromiso contra las estructuras criminales
Mariaca declaró que el acuerdo representa «un paso firme hacia una cooperación más eficaz, directa y estratégica frente a estructuras criminales que no conocen fronteras». Aseguró el compromiso con una justicia que actúe de forma articulada contra el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción transnacional.
Ampliación del alcance de la cooperación
El convenio contempla acciones conjuntas frente a una amplia gama de ilícitos, incluyendo el tráfico ilícito de drogas, trata y tráfico de personas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales. La información sobre organizaciones delictivas transnacionales será remitida a las Fiscalías Especializadas de ambos países para un abordaje técnico de cada investigación.
Una respuesta regional a amenazas comunes
La Fiscal Espinoza Valenzuela subrayó que esta cooperación binacional permitirá fortalecer las capacidades de ambas instituciones. El objetivo es dar respuestas más efectivas ante amenazas comunes que afectan no solo a Bolivia y Perú, sino a toda América Latina.
Protegiendo un corredor vulnerable
Bolivia y Perú comparten una extensa frontera que históricamente ha sido vulnerable a las actividades del crimen organizado transnacional, particularmente en lo que respecta al narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales. Esta realidad demanda una coordinación constante entre las instituciones de justicia de ambos países para enfrentar estas amenazas de manera efectiva.
Hacia una estrategia compartida de justicia
Con este convenio, las fiscalías buscan consolidar una estrategia compartida para enfrentar a las organizaciones criminales y proteger los recursos naturales en uno de los corredores más vulnerables de la región. La eficacia de esta alianza se medirá por la capacidad de implementación de los mecanismos de cooperación establecidos.
