Gobierno español enfrenta a comunidades por reparto de menores migrantes
El Ejecutivo establece cupos obligatorios para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla. Las autonomías gobernadas por el PP anuncian recursos legales al considerar la medida arbitraria y sin financiación. El decreto aprobado este martes ordena acoger a 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Un decreto para repartir la responsabilidad
El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto que establece un sistema de cupos para distribuir a los miles de menores extranjeros no acompañados que llegan a España. La medida busca descongestionar las regiones con mayor presión, como las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde unos 4.000 menores están varados. El mecanismo asigna a cada comunidad autónoma la obligación de ofrecer 32 plazas por cada 100.000 habitantes.
La oposición de las autonomías
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se oponen frontalmente al plan. Consideran que el decreto es «arbitrario e injusto» y alegan que vulnera sus competencias y autonomía financiera, al no venir acompañado de la financiación necesaria. La Comunidad de Madrid anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. Desde Andalucía, su presidente regional cuestionó la lógica del reparto, argumentando que su territorio es la verdadera frontera sur de Europa.
La crisis en primera línea
Ceuta y Melilla han declarado la emergencia migratoria, ya que superaron el triple de su capacidad para recibir a menores. En Ceuta, donde el cupo asignado es de 27 plazas, hay más de 500 menores alojados en naves industriales. La presidenta de las islas Baleares, otro punto de acceso clave, reclamó que «ya no podemos seguir acogiendo».
Un problema de datos y narrativa
Un informe de Save the Children destaca que los datos oficiales sobre migración infantil son incompletos. Se estima que al menos el 10% de las llegadas son menores, pero muchos no son correctamente identificados. En 2023, la Fiscalía contabilizó 4.865 menores migrantes no acompañados, un aumento del 117% respecto a 2022. Expertas como Lucila Rodríguez-Alarcón, de la Fundación porCausa, postulan que el verdadero problema no es de capacidad, sino de narrativa política, y abogan por sistemas de acogida en familia en lugar de la institucionalización.
Un debate con profundas raíces
El desafío de la acogida de menores migrantes no acompañados es una competencia autonómica en España. La llegada de inmigrantes irregulares, muchos por vía marítima, ha tensionado históricamente los recursos de las regiones costeras, especialmente los archipiélagos y los enclaves en el norte de África. La actual crisis evidencia la falta de un mecanismo de redistribución solidario y consensuado a nivel nacional.
El cumplimiento de la ley en juego
La materialización del decreto dependerá de la voluntad de las comunidades autónomas de acatarlo o de los eventuales fallos de los tribunales ante los recursos presentados. El gobierno central ha advertido de consecuencias legales para quienes incumplan la normativa, dejando en manos de la Fiscalía de Menores velar por su cumplimiento. El desenlace de este pulso definirá el modelo de gestión de la migración irregular en España.
