Autoridades reportan 67 procesos activos por incendios forestales en Bolivia
45 de las causas investigadas corresponden a propiedades privadas. El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la mayoría son procesos administrativos y que varias denuncias penales involucran daños a áreas protegidas.
Un paisaje judicial en llamas
A la fecha se activaron 67 procesos por incendios forestales en distintas regiones del país. De esa cifra, 58 corresponden a procesos administrativos y nueve a penales, según detalló el viceministro. La distribución de los casos muestra que 45 de estos procesos corresponden a propiedades privadas y 13 a comunidades.
La gravedad de los daños ambientales
Varias de las denuncias penales están relacionadas con daños a áreas protegidas. Calvimontes afirmó que «nuestras áreas protegidas son las más afectadas». En Tarija, se abrió un proceso penal por afectaciones a la Reserva de Sama. En Santa Cruz, dos procesos están vinculados a daños en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.
Distribución geográfica de los casos
El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de procesos, con 18 administrativos y ocho penales. Le sigue La Paz con 17 procesos administrativos y Beni con 12. Los restantes 11 se distribuyen en otros departamentos.
Despejando las causas
El viceministro Calvimontes utilizó los datos para refutar una narrativa común, aseverando que «los datos despejan, una vez más, la tesis de que son los compañeros interculturales o campesinos los principales responsables de estos incendios».
Un problema recurrente
Los incendios forestales son un evento recurrente en Bolivia, con un impacto significativo en las áreas protegidas nacionales. La apertura de procesos, tanto administrativos como penales, es la respuesta institucional para investigar las causas y asignar responsabilidades por los daños ambientales.
La justicia sigue su curso
Con 67 procesos en marcha, las investigaciones determinarán las responsabilidades finales. El alto número de casos en propiedades privadas y la afectación a áreas protegidas marcan la gravedad de los hechos que se investigan.
