Autoridades universitarias respaldan a Camacho y cuestionan proceso judicial

La Uagrm califica el juicio por terrorismo como «inventado». El rector electo y el rector en funciones exigen la libertad del gobernador cruceño, detenido desde 2022 por el paro de los 36 días que exigió el censo.

Un respaldo institucional a la espera de la audiencia

Las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) expresaron su respaldo al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en el marco del proceso judicial por el paro de los 36 días. El rector electo, Reinerio Vargas, señaló que la audiencia forma parte de un proceso “inventado” por el gobierno. Desde la institución académica se cuestionó la acusación por el delito de terrorismo.

La posición de las autoridades

Vargas afirmó que “el gobernador lleva casi tres años preso de forma indebida”, cuando la ley establece que nadie puede permanecer más de seis meses sin sentencia. Por su parte, el rector en funciones, Vicente Cuéllar, insistió en que la detención de Camacho nunca debió prolongarse tanto tiempo, declarando: “Esperamos que se actúe en derecho”.

Un cambio de rumbo judicial con cautela

Las autoridades celebraron el cambio de rumbo en la justicia tras casi tres años de detención preventiva. Vargas agregó que las recientes decisiones judiciales —como la liberación de Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez— reflejan un viraje en la administración de justicia. No obstante, Cuéllar advirtió que la persecución política persiste.

Los orígenes del conflicto

Camacho permanece en prisión preventiva desde finales de 2022, cuando fue aprehendido en un violento operativo policial. El paro de 36 días paralizó Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022, hasta que el Gobierno se vio obligado a promulgar la ley del censo. Los líderes de la medida enfrentan hoy un juicio por terrorismo, un delito observado por el sistema interamericano de Derechos Humanos.

Una esperanza de libertad para el gobernador

La esperanza de las autoridades es que la audiencia determine la libertad de Camacho, poniendo fin a un proceso que consideran injusto. La extensión de su detención se convirtió en uno de los símbolos de la crisis judicial boliviana, denunciada como instrumento de persecución política.