Notario será imputado por complicidad en doble asesinato en Santa Cruz
La Fiscalía presentó imputación por complicidad en asesinato contra el notario Roberto Fernando M. Ch., vinculado al vehículo usado en el crimen de dos hombres. La audiencia para definir medidas cautelares se realizará este miércoles 27 de agosto.
Un caso que une un homicidio y un secuestro
El notario fue imputado formalmente después de ser aprehendido dentro de las investigaciones por el asesinato de Harold Méndez y Leonardo Vaca Diez, ocurrido el pasado 21 de agosto en la zona norte de Santa Cruz. Las víctimas fueron interceptadas por desconocidos armados que descargaron más de 100 balas contra su vehículo, una vagoneta Lexus.
El vínculo del notario con el vehículo
La Fiscalía asegura que el vehículo en el que circulaban las víctimas figuraba a nombre de Roberto Fernando M. Ch. y que se encontró la factura de compra del motorizado que también está a su nombre. Este mismo vehículo había aparecido previamente en la escena del secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, el 29 de julio.
La defensa del imputado
El abogado del notario, Samuel Durán, ofreció su versión de los hechos. Señaló que su defendido solo mantenía amistad con los fallecidos y que «lo único que hizo mi defendido es que la factura por la compra del motorizado vaya a su nombre». Aseguró que su cliente nunca pagó el vehículo y, por lo tanto, jamás estuvo en su poder.
Antecedentes de un vehículo sospechoso
El caso se enmarca en una investigación más amplia que conecta el doble homicidio con un secuestro anterior. De acuerdo a pesquisas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la vagoneta Lexus involucrada ya había sido identificada en la escena del secuestro de Erick Roberto Baeza Achá en el barrio Las Palmas a finales de julio.
La justicia tendrá la última palabra este miércoles
El fiscal Daniel Ortuño no se ha pronunciado sobre si solicitará la detención en cárcel del notario, asegurando que fundamentará su petición durante la audiencia frente al juzgador. La decisión final sobre las medidas cautelares recaerá en el juez del Plan Tres Mil asignado al caso.
