Ministra de Justicia pide priorizar justicia para víctimas de Senkata
La ministra Jessica Saravia insta a considerar informes internacionales sobre vulneraciones de derechos. Tras la declaratoria de incompetencia del tribunal y la liberación de los acusados, incluida Jeanine Áñez. El Gobierno nacional respeta la decisión judicial pero accionará para evitar la impunidad.
Un llamado a la memoria y la justicia
La Ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, se refirió a la reciente determinación de la justicia en el caso Senkata. Pidió a las autoridades judiciales revisar los antecedentes y los informes internacionales que corroboraron la comisión de graves vulneraciones de derechos humanos. Subrayó que «han habido víctimas que están pidiendo justicia» y que esa debe ser la máxima a proteger.
La decisión judicial y la reacción
El tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto se declaró incompetente para tramitar el juicio y dispuso la libertad de todos los detenidos, incluida la expresidenta Jeanine Áñez. Víctimas y familiares de los fallecidos irrumpieron en protestas, lo que obligó a interrumpir la audiencia.
Compromiso del Órgano Ejecutivo
Saravia adelantó que el Órgano Ejecutivo accionará por la vía que se disponga en estos procesos, con el objetivo de no dejar los mismos en la impunidad. Se refirió a la comisión de delitos de genocidio, ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales, producto de la represión acontecida tras la firma del Decreto Supremo 4078.
El respaldo de los organismos internacionales
Los hechos violentos en Senkata fueron constatados por organismos internacionales como la CIDH a través del GIEI, las NNUU a través del CAT y Amnistía Internacional. Estos organismos exhortaron al Estado a investigar, reparar y sancionar las graves vulneraciones cometidas contra cientos de ciudadanos a fines de 2019.
Un pasado que reclama justicia
Los hechos investigados se remontan a fines de 2019, tras la firma de un Decreto Supremo que, según el texto, dio impunidad para la sangrienta represión. El resultado fueron 37 familias afectadas que esperan que se establezcan responsabilidades por las pérdidas ocurridas.
La búsqueda de memoria, verdad y justicia
La eficacia de las acciones judiciales futuras determinará si se cumple el principio de no impunidad. El Gobierno se ha comprometido a actuar dentro del marco legal para garantizar la reparación y el establecimiento de responsabilidades por los hechos luctuosos.
