Audiencia de Áñez por caso Sacaba se traslada al viernes
El juzgado suspendió la audiencia de este martes tras una excepción de la defensa. El viernes 29 de agosto se resolverá si el proceso se anula y se deriva a un juicio de responsabilidades, un procedimiento especial para expresidentes.
Un giro procesal en suspenso
El juzgado del caso Sacaba determinó suspender la audiencia que tenía previsto celebrar este martes de manera virtual. La nueva fecha para la audiencia, donde se considerará la situación jurídica de Jeanine Áñez, es el viernes 29 de agosto. Se tratará la posibilidad de que se anule el proceso ordinario y la misma sea remitida a juicio de responsabilidades.
La razón del traslado
La audiencia se suspendió porque la defensa presentó una excepción de incompetencia, que aún no había sido tramitada. Esta misma estrategia legal tuvo éxito un día antes, el lunes, en el caso Senkata, donde un tribunal decidió anular el proceso ordinario contra Áñez al considerar que le corresponde ese tipo de juicio especial.
El precedente de Senkata y la petición de la defensa
Áñez sostiene que en el caso Sacaba, al igual que en Senkata, le corresponde un juicio de responsabilidades por ser hechos ocurridos cuando ejercía la presidencia. En un juicio de responsabilidades, se requiere primero dos tercios de la Asamblea para autorizar el procesamiento.
Los hechos que se investigan
En el caso Sacaba se investigan los hechos del 15 de noviembre de 2019. Ese día, un operativo militar y policial dejó una decena de fallecidos, al enfrentarse con manifestantes que salían del Trópico de Cochabamba en protesta contra el Gobierno recién instaurado de Áñez.
Un proceso marcado por la controversia
La audiencia de este martes generó la protesta de los acusadores, quienes consideraron que la definición de la situación jurídica de la expresidenta representaba una afectación a los derechos de las víctimas de los hechos ocurridos en 2019.
La justicia en una encrucijada
La resolución del viernes determinará el camino procesal que seguirá este caso, decidiendo si se mantiene en la justicia ordinaria o si, siguiendo el precedente de Senkata, se deriva a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades, lo que supone un requisito político adicional para continuar.
