Abogado defiende a dueño de vehículo en caso de doble asesinato
El vehículo estaba a nombre del aprehendido solo por un tema tributario, según su defensa. El hombre, identificado como Roberto M., fue detenido por su vínculo con el motorizado usado en el crimen de Harold Méndez y Leonardo Vaca Díez en la zona norte de Santa Cruz.
La defensa presenta su versión de los hechos
El abogado del aprehendido, Samuel Durán, reconoció que el vehículo estaba a nombre de su defendido, pero argumentó que «nunca usó el motorizado sindicado». Explicó que el hombre solo acudió a una concesionaria en 2024 para recoger el vehículo que salió a su nombre y luego lo entregó a una persona, cuya identidad no reveló.
La justificación del vínculo
Durán afirmó que su defendido actuó «por un tema netamente tributario» y por pedido de una persona a la que considera su amigo. «Solo conocía a la amistad que tenía, que en un momento le ofreció que la factura salga a su nombre», mencionó el letrado.
Desconocimiento de las víctimas
El abogado aseguró que su defendido no conocía a las víctimas acribilladas ni al secuestrado, y mucho menos al actual poseedor del motorizado. Ratificó que su cliente no tenía relación con ninguno de los involucrados en los hechos.
La imputación que busca la Fiscalía
La Fiscalía busca imputar al aprehendido por el delito de asesinato en grado de complicidad. Sin embargo, la defensa argumenta que esta situación no corresponde porque para este delito tiene que haber dolo y se tiene que haber premeditado la situación, lo cual, según su versión, no ocurrió.
Un trámite que derivó en una investigación
El caso se origina en un acuerdo entre particulares para la compra de un vehículo bajo una figura tributaria específica, una práctica que, sin ser ilegal per se, puede generar complicaciones si el bien se ve involucrado en actividades delictivas. El hecho de que el vehículo estuviera a nombre de una persona que no era su usuario real lo vinculó directamente a una investigación por homicidio.
La espera de la audiencia cautelar
El aprehendido aguarda ser puesto ante un juez cautelar mientras la justicia determina su nivel de responsabilidad. El desarrollo del caso dependerá de la capacidad de la Fiscalía para demostar el dolo o de la defensa para probar que su cliente fue solo un prestador de nombre en una transacción.
