Luis Fernando Camacho asiste a audiencia de revisión de su detención preventiva
El gobernador electo de Santa Cruz se trasladó desde el penal de Chonchocoro hasta un juzgado en La Paz. La audiencia está prevista para las 08:45 de este martes 26 de agosto de 2025. Su defensa legal espera demostrar la ausencia de riesgos procesales para que pueda defenderse en libertad.
Un viaje temprano hacia la justicia
Cerca de las 06:40 de este martes, Luis Fernando Camacho salió del penal de Chonchocoro rumbo al juzgado en la ciudad de La Paz. La audiencia de revisión de su detención preventiva está prevista para las 08:45. Además de este caso, el gobernador electo enfrenta otro proceso por el paro de 36 días por el censo, aunque para ese aún no se ha fijado fecha de audiencia.
Argumentos de la defensa
Martín Camacho, abogado defensor, aseveró que «producto de una solicitud de la defensa, con más argumento y pruebas demostraremos que no hay riesgos procesales». El jurista considera que un reciente instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar los plazos procesales es una muestra de que el Órgano ha recuperado su independencia. «Les devuelve la credibilidad a los operadores de justicia», resaltó.
Expectativa en Santa Cruz
En la capital cruceña, un grupo de ciudadanos mantiene una vigilia en la plaza 24 de Septiembre a la expectativa del resultado. «Hay mucha fe y esperamos que Luis Fernando recobre su libertad», apuntaron algunos de los manifestantes, que permanecen en el lugar a pesar de las bajas temperaturas.
Un contexto de revisión judicial
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó la revisión del cumplimiento de los plazos procesales en todo el país. Esta medida se fundamenta en la posibilidad de que se haya excedido el «plazo razonable» de la detención preventiva, un argumento que la defensa de Camacho utiliza en su solicitud.
La espera por una decisión judicial
El resultado de esta audiencia determinará si Luis Fernando Camacho continúa o no en detención preventiva. La decisión del juzgado dependerá de la valoración de los argumentos y pruebas presentadas sobre los riesgos procesales y el cumplimiento de los plazos legales.
