TSJ ordena revisar plazos de detención preventiva en cárceles bolivianas
El 58,2% de los reclusos están sin sentencia. La medida, que prioriza casos de alto perfil, generó protestas por igualdad de trato. El sistema penitenciario supera el 100% de su capacidad, creando condiciones insalubres e inseguras.
Un sistema al borde del colapso
Las cárceles de Bolivia operan con un hacinamiento que supera el 100% de su capacidad, generando un entorno de insalubridad, inseguridad y violaciones de derechos humanos. De los 33.275 privados de libertad registrados a junio de 2025, el 58,2% son detenidos preventivos que aún no han recibido una sentencia.
La chispa de la protesta
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión urgente de los plazos de detención preventiva de los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari desencadenó las protestas. Internos en centros penitenciarios como San Pedro en La Paz y Palmasola en Santa Cruz iniciaron movilizaciones exigiendo igualdad de trato y denunciando un sistema judicial selectivo.
Las cifras del problema
El director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, detalló la magnitud del problema: de 18 mil detenidos preventivos, 11.000 ya pasaron un año, 7.000 están más de dos años y cerca de 4.500 sobrepasaron los tres años con detención preventiva, excediendo los plazos procesales.
Reacciones encontradas
Mientras los abogados de Añez, Camacho y Pumari celebraron la medida y esperan la liberación de sus defendidos, otros sectores criticaron la decisión. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que miles de privados de libertad «están a la espera de que sus procesos sean revisados». Por su parte, desde el evismo y el MAS se criticó el instructivo por considerar que refleja un uso político de la justicia.
Un problema estructural de larga data
El sistema carcelario boliviano arrastra desde hace años una crisis de hacinamiento y una alta proporción de personas en prisión preventiva, lo que evidencia profundas deficiencias en la administración de justicia y la garantía del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
¿Una luz de esperanza?
El TSJ instruyó la realización de jornadas a nivel nacional para verificar los plazos de detención preventiva, lo que genera expectativa entre la población carcelaria. La eficacia de esta medida para resolver el problema estructural de fondo, que afecta principalmente a personas de escasos recursos, aún está por verse.
