Detención preventiva prolongada en Bolivia: 4500 reos sin condena

El director de Régimen Penitenciario revela que 4500 reos superan los tres años en prisión sin condena, calificando la situación como aberración jurídica en medio de protestas carcelarias.
Opinión Bolivia
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Director de Régimen Penitenciario califica de aberración largas detenciones preventivas

Juan Carlos Limpias revela que 4.500 reos superan los tres años en prisión sin condena. La declaración surge en medio de protestas carcelarias que exigen igualdad en la revisión de casos. El Defensor del Pueblo también demanda una revisión general.

Una realidad carcelaria en cifras

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que, de los 18.000 reos en detención preventiva, 11.000 ya pasaron el año en esa situación, 7.000 los más de dos años, mientras que hay cerca de 4.500 que sobrepasaron los tres años. Cuestionó el actuar de la Justicia al tener a personas privadas de libertad por más de ocho años.

El clamor por la igualdad

La posición surge en medio de protestas en las cárceles de San Pedro en La Paz y de Palmasola en Santa Cruz. Los reos demandan «un trato igualitario» para que se revisen sus casos, al igual que los de Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari. Limpias insistió en que «hay personas con un abandono judicial».

El instructivo que desató la polémica

La pasada semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un instructivo para revisar el cumplimiento de los plazos de la medida cautelar de Camacho, Añez y Pumari. Esto generó la demanda de que la revisión se extienda a toda la población penitenciaria.

Un sistema bajo presión

El contexto muestra un sistema judicial con una carga procesal significativa, donde un alto porcentaje de la población carcelaria se encuentra a la espera de juicio. La emisión de un instructivo específico para tres casos particulares evidenció una disparidad en el tratamiento de los procesos.

La institucionalidad responde

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se sumó a la demanda de revisión de los casos. La situación pone en evidencia la necesidad de aplicar los plazos de la detención preventiva de manera uniforme, tal como establece la normativa nacional e internacional, para evitar lo que las autoridades califican como una «aberración».

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