Consejo de la Magistratura anuncia auditorías judiciales por retrasos en casos

4.500 reos llevan más de tres años en prisión preventiva. La medida surge tras protestas en cárceles por un fallo del TSJ que revisa medidas cautelares de expresidentes. El director de Régimen Penitenciario alertó sobre el clima de tensión y el hacinamiento.

Una crisis que estalla en las cárceles

El sistema penitenciario boliviano enfrenta una crisis que se agudizó tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que instruyera revisar las medidas cautelares de los exmandatarios Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La disposición detonó protestas en diferentes cárceles del país, donde reclusos denuncian trato desigual.

Las cifras del problema

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, advirtió que la determinación del TSJ generó un clima de tensión. Alertó que 11.000 personas ya pasaron más de un año en detención preventiva, 7.000 superan los dos años, y cerca de 4.500 han sobrepasado los tres años. Incluso hay casos de 4, 5 y hasta 9 años sin resolución judicial.

Protestas y reclamos de igualdad

Las primeras manifestaciones surgieron en las cárceles de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando), donde los internos se declararon en estado de emergencia. A ellas se sumaron los reclusos de San Pedro (La Paz). “El reclamo es claro, no puede haber justicia para unos pocos”, insistió Limpias.

Las medidas anunciadas para enfrentar el problema

Ante la presión, el Consejo de la Magistratura anunció medidas de control. Su representante, Carlos Spencer, informó sobre el inicio de fiscalizaciones a tribunales, auditorías judiciales en casos de retrasos injustificados y la elaboración de un censo técnico nacional. Declaró que “La justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”.

Un sistema colapsado y una ley paralizada

La crisis expuso la falta de aplicación de alternativas a la detención preventiva. La población penitenciaria preventiva alcanza a 18.500 personas, lo que agrava el hacinamiento. Limpias denunció que la ley de grilletes electrónicos, que podría ayudar a descongestionar las cárceles, sigue paralizada en la Asamblea Legislativa.

Un instructivo para la revisión nacional

En paralelo a las auditorías, el TSJ emitió el Instructivo N° 19/2025, ordenando jornadas nacionales de verificación de plazos procesales en todos los recintos penitenciarios. El consejero Spencer dijo que hay una instrucción para revisar todos los casos en todo el territorio nacional.

Un problema de larga data

El debate sobre el uso de la detención preventiva en Bolivia no es nuevo. La crisis actual pone de manifiesto la acumulación histórica de casos sin resolver y la saturación del sistema judicial, un problema estructural que afecta a miles de ciudadanos privados de libertad.

La justicia bajo escrutinio

La eficacia de las auditorías y fiscalizaciones anunciadas dependerá de su implementación concreta. El impacto de estas medidas se medirá en su capacidad para agilizar los procesos judiciales y aliviar el hacinamiento carcelario, en un contexto de alta tensión y demanda de igualdad ante la ley.