Audiencia de Camacho y Pumari en caso Golpe I hoy en La Paz

La justicia boliviana define hoy la situación legal de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en el caso Golpe I, revisando su detención preventiva tras instructivo del TSJ.
Opinión Bolivia
El excívico Marco Pumari y el gobernador Luis Fernando Camacho Información de autor no disponible / APG
El excívico Marco Pumari y el gobernador Luis Fernando Camacho Información de autor no disponible / APG

Justicia define hoy situación de Camacho y Pumari por caso Golpe I

Una audiencia en La Paz determinará si mantienen su detención preventiva. El proceso se realiza tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El abogado de Camacho espera la otorgación de su «libertad irrestricta».

Un día decisivo en los tribunales

Este lunes 25 de agosto de 2025, a las 14:00 en La Paz, se celebra una audiencia presencial para revisar la situación jurídica del gobernador electo por Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del excívico potosinista, Marco Antonio Pumari, dentro del caso Golpe I. La audiencia tiene lugar a raíz del Instructivo 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y firmado por Romer Saucedo, que ordena a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de su detención preventiva.

La postura de la defensa

Martín Camacho, el abogado del gobernador cruceño, aseguró que la detención de su defendido fue “una sentencia condenatoria anticipada”. Expresó que esperan que el Tribunal de Sentencia considere “la proporcionalidad, razonabilidad y el exceso con el que se ha manejado la detención preventiva”.

Situación procesal de los implicados

Luis Fernando Camacho enfrenta siete procesos. En dos de ellos, Caso Golpe I y paro de 36 días, cuenta con detención preventiva; mientras que por el denominado Decretazo y Carros Bomberos, tiene arresto domiciliario. Al momento, Camacho lleva dos años y ocho meses preso en Chonchocoro; mientras que Pumari, tres años y ocho meses en el penal de Cantumarca de Potosí.

Repercusiones y reacciones encontradas

La determinación del TSJ ha causado una ola de reacciones. Los privados de libertad se declararon en “estado de emergencia pacifica nacional” y piden al TSJ “igualdad de trato”, exigiendo una revisión extraordinaria de todos los casos, que aseguran superan el 60% en todo el país.

La voz oficial y la oposición

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, tildó de política la decisión asumida por el TSJ, cuestionando: “¿Por qué la decisión no viene antes de las elecciones?, ¿Por qué viene después?, ¿Por qué solamente para tres personas?”. En contraste, el candidato presidencial por el PDC, Rodrigo Paz, felicitó al TSJ y aseguró que este ente “escuchó el mensaje del pueblo boliviano”.

La magnitud del problema

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, precisó que en Bolivia existen 33.275 privados de libertad con detención preventiva, quienes también se encuentran a la espera de la revisión de sus procesos. A junio de 2025, este grupo representa el 58.2% de la población carcelaria.

Un caso enmarcado en la tensión política

El caso Golpe I involucra a figuras prominentes de la oposición y se desarrolla en un contexto de alta polarización en Bolivia. Las detenciones preventivas de líderes políticos han sido un tema recurrente de debate público, enfrentando posturas sobre la administración de justicia y los derechos procesales.

La decisión judicial marca un precedente

El resultado de esta audiencia tendrá implicaciones directas para la situación legal de Camacho y Pumari, y podría sentar un precedente para la revisión de otras detenciones preventivas en el país, un tema que afecta a una mayoría de la población carcelaria boliviana.

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