Fundación Tierra advierte sobre riesgo de incendios en próximos meses
La institución alerta sobre la complicada temporada de quemas. Agosto y septiembre son los meses de mayor riesgo, con incremento de focos de calor. La falta de control y fiscalización son los principales factores de preocupación.
Un panorama complejo por delante
La Fundación Tierra presentó una evaluación sobre el estado de los incendios en Bolivia. Explicó que por ahora no se repite la magnitud del desastre ambiental de 2023, pero advirtió que los próximos meses serán “complicados”. Esto se debe al incremento de focos de calor y quemas, tanto autorizadas como no autorizadas.
El rol de la ABT bajo cuestionamiento
Gonzalo Colque, director de la institución, cuestionó el rol de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Señaló que esta entidad ha otorgado permisos de quema por más de 100.000 hectáreas anuales, principalmente en Santa Cruz y Beni. Añadió que “hay demasiada flexibilidad en la ley” y que “no existe capacidad real de fiscalización” frente a la magnitud de las autorizaciones.
Orígenes de los incendios y cambio de uso de suelo
Respecto a los incendios de 2023, recordó que los principales focos se dieron en áreas protegidas, tierras fiscales no disponibles y Territorios Comunitarios de Origen (TCOs). Remarcó que muchos incendios ocurren en zonas de conflictos de tierras y asentamientos recientes. “El fuego se usa como herramienta de cambio de uso de suelo”, advirtió, explicando que propiedades originalmente ganaderas se convierten en agrícolas.
Un patrón que se repite
La situación actual tiene sus raíces en la flexibilidad de la normativa y la histórica falta de control. La ABT otorga permisos de quema a diversos actores, desde pequeños productores hasta grandes empresas. Esta práctica, sumada a las quemas no autorizadas y la débil presencia estatal en muchas zonas, ha multiplicado el manejo irresponsable del fuego.
La prevención es la clave para evitar el desastre
La Fundación Tierra concluye que, sin una acción decidida de fiscalización y un ajuste en la normativa, el país podría enfrentar nuevamente un escenario de gran magnitud. El ciudadano depende de que las autoridades ejerzan un control estricto para prevenir que la temporada de riesgo se convierta en una catástrofe ambiental.
