Gobernador de La Paz se niega a entregar información sobre ocho casos
Santos Quispe rechazó ocho PIE sobre destituciones y una muerte. Los asambleístas Israel Alanoca y Samanta Coronado denuncian la obstrucción a su labor fiscalizadora. La justificación es que las peticiones no corresponden a su comisión de Infraestructura.
Un muro de cartas idénticas
El gobernador Santos Quispe respondió con ocho cartas de idéntico contenido el 12 de agosto, rechazando las Peticiones de Informe Escrito (PIE). Su argumento es que los asambleístas solo pueden fiscalizar temas relacionados con su comisión, en este caso, Infraestructura Productiva y Obras Públicas. Los asambleístas Alanoca y Coronado cuestionan esta interpretación legal.
Los temas bloqueados
Entre la información denegada se encuentra la investigación por la muerte de una adolescente en el Sedeges, las continuas destituciones de funcionarios sin causa justificada, y el caso de dos funcionarios llevados a la Felcc en estado de ebriedad por consumir alcohol dentro de la Gobernación. También se negó entregar copias de los videos de seguridad.
La defensa de los fiscalizadores
Los asambleístas Alanoca y Coronado defendieron su derecho a fiscalizar. Israel Alanoca cuestionó: «¿Qué está ocultando Santos Quispe?». Citando la Constitución, la Ley Marco de Autonomías y la Ley Departamental 177, afirmaron que su facultad fiscalizadora es amplia y no está limitada por la comisión a la que pertenecen. Además, acusaron a tres asesores del gobernador de redactar las cartas de rechazo.
Una práctica que cambió
La asambleísta Samanta Coronado proporcionó el contexto inmediato: «en los cuatro años de gestión, los asambleístas solicitaron PIE sobre diferentes temas y recibieron las respuestas». Este patrón de cooperación cambió recientemente, ya que en estos ocho casos específicos se les impidió por primera vez el acceso a la información que solicitaban.
El derecho a saber en entredicho
Este enfrentamiento entre el órgano ejecutivo y el legislativo del gobierno departamental de La Paz deja en evidencia una disputa sobre los límites de la fiscalización. El desenlace de este conflicto definirá el alcance del derecho de los asambleístas a solicitar información y la obligación de la Gobernación de proporcionarla, impactando directamente en la transparencia de la gestión pública.
