Viceministra califica de política la revisión de detención de Añez, Camacho y Pumari
La medida del TSJ solo beneficia a tres figuras políticas. Carola Arraya señala que la disposición debería ser universal, ya que más del 60% de la población carcelaria está en detención preventiva. La instrucción se emitió tras las elecciones.
Una medida selectiva en el sistema judicial
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, afirmó que el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es «más una medida política». Sostuvo que la decisión se tomó después de los comicios y solo para tres personas que representan un movimiento político, en lugar de aplicarse de manera general.
La voz de los privados de libertad
Edwin Paz, representante de los reclusos de Villa Busch de Pando, declaró que «el TSJ se está parcializando por tres personas» y denunció que existe indignación por la discriminación, ya que las cárceles están hacinadas y hay retardación de justicia para el resto.
Un sistema carcelario sobrecargado
Hasta junio de 2025, el 58,2% de los 33.274 privados de libertad en Bolivia se encontraban con detención preventiva. Arraya y la Defensoría del Pueblo coinciden en que muchos de estos reclusos han superado incluso el plazo máximo de sanción que dispone el código penal.
Un contexto de cuestionamientos al sistema
La instrucción del TSJ ordenó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) revisar en 24 horas la situación legal de los tres políticos. Esto generó una reacción inmediata de las autoridades y organizaciones, que llevan años señalando la alta proporción de detenciones preventivas en el país.
La justicia bajo escrutinio público
El caso evidencia la percepción de un trato diferenciado en el sistema judicial boliviano. La repercusión para el ciudadano radica en la credibilidad de las instituciones, al observarse que una medida que debería ser de aplicación general se aplica de forma selectiva a figuras políticas prominentes.
