TSJ ordena revisar detención de Áñez, Camacho y Pumari
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un instructivo este viernes 23 de agosto de 2025. La medida ordena a los tribunales revisar las medidas de detención preventiva de tres figuras emblemáticas, lo que reavivó el clamor por justicia para todos los presos políticos.
Un giro judicial histórico
El cambio de Gobierno en Bolivia trajo consigo un giro inesperado en el ámbito judicial. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, emitió el Instructivo Nº 18/2025, ordenando a los tribunales departamentales revisar de inmediato las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
Reacciones inmediatas de los protagonistas
La expresidenta Áñez afirmó que, después de cuatro años y medio, la disposición representa “una reparación, no un regalo”. Por su parte, Marco Pumari denunció haber vivido una “justicia corrupta” articulada para lucrar con las familias.
Un clamor que se amplía
La medida reavivó la demanda de justicia para todos los presos políticos. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que “la justicia debe llegar absolutamente a todos”. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aportó una visión más amplia al recordar que el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia son detenidos preventivos.
Un sistema judicial bajo presión
Los años de hegemonía del MAS dejaron un legado de numerosos casos de detención preventiva considerados por la oposición como persecución política. El senador electo Branko Marinkovic sostuvo que la justicia solo se animó a actuar con independencia una vez fuera del horizonte el MAS en el poder, calificando lo sucedido como una “barbaridad jurídica”.
El camino hacia una nueva etapa judicial
El instructivo del TSJ se interpreta como un punto de inflexión. El desafío recae ahora en los jueces, quienes deberán pronunciarse en un plazo inmediato. La sociedad y las instituciones esperan que esta disposición marque el inicio de una nueva etapa en la administración de justicia en Bolivia, basada en la independencia y el estricto cumplimiento de la ley.
