Defensoría reporta más de 33.000 detenidos preventivos a la espera de revisión
58.2% de la población carcelaria está en prisión preventiva. El dato fue proporcionado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ayer 22 de agosto de 2025, tras una instrucción del TSJ para revisar los plazos de detención de tres casos de alto perfil.
Una instrucción que destapó la realidad carcelaria
El pronunciamiento del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se produjo luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyera verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar para los casos de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Callisaya reveló que 33.275 privados de libertad se encuentran en la misma situación de detención preventiva, esperando la revisión de sus procesos.
Los números de la prisión preventiva
El Defensor precisó que, a junio de 2025, el 58.2% de la población carcelaria son detenidos preventivos. A través de sus redes sociales, enfatizó que «Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas».
La respuesta judicial inmediata
La instrucción del Presidente del TSJ ordenó a los tribunales departamentales de justicia realizar la revisión de los casos de Áñez, Camacho y Pumari en un plazo de 24 horas. Horas después de conocerse esta directriz, un tribunal programó una audiencia para el lunes en el caso «Golpe de Estado I», donde el gobernador cruceño y el excívico potosino podrían defender su libertad.
Un sistema bajo presión
La cifra proporcionada por la Defensoría del Pueblo evidencia la saturación del sistema judicial boliviano, donde la mayoría de los reclusos no tiene una sentencia firme. La instrucción del TSJ en tres casos emblemáticos puso de relieve una situación que afecta a decenas de miles de personas.
La justicia en un punto de inflexión
La revisión de los plazos de detención preventiva en casos de alto perfil podría sentar un precedente para la reevaluación de miles de procesos que se mantienen en similar situación. La eficacia y celeridad de la respuesta judicial determinarán el impacto real de esta medida en la población carcelaria.
