Ministro Ríos pide extender revisión de detenciones preventivas a todos los reclusos
El 65% al 70% de la población penitenciaria está en detención preventiva. El Ministro de Gobierno saludó la revisión de plazos en casos de Áñez, Camacho y Pumari, pero instó al TSJ a aplicar la medida de forma general. La petición se realizó este viernes 22 de agosto.
Un saludo con una condición
El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, saludó la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar los plazos de la detención preventiva en los casos de Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Sin embargo, consideró que esta acción no debería ser exclusiva y debería tener alcance para «toda la población privada de libertad».
El fundamento de la petición
Ríos señaló que toda la población goza de los mismos derechos. Por ello, instó a que la medida no se aplique solo a esas tres personas, sino que sea general. «Sería importante que esta medida no solo se aplique a estas tres personas», afirmó el Ministro, argumentando a favor de la equidad procesal para todos los reclusos.
La abrumadora cifra de la prevención
El Ministro fundamentó su petición en una cifra concreta: Recordó que una «gran cantidad» de la población penitenciaria, que oscila entre aproximadamente el 65% y 70%, se encuentra bajo detención preventiva en las diferentes cárceles del país. Este dato evidencia la magnitud del fenómeno que se busca revisar.
Un gobierno que dice no interferir
Ríos se encargó de enmarcar su declaración dentro de la postura oficial del Ejecutivo. Dijo que la administración del presidente Luis Arce es «respetuosa de la independencia de órganos» y aseguró que no ejerce injerencia en las decisiones de «uno sobre el otro», reafirmando la separación de poderes.
Un problema estructural de larga data
La detención preventiva como regla y no como excepción es un problema histórico en el sistema judicial boliviano. El texto adjunto confirma que esta situación afecta a la gran mayoría de la población carcelaria, un contexto que ha persistido y que ahora motiva la petición de una revisión generalizada de los plazos procesales.
La justicia tiene la palabra
La eficacia de la petición del Ministro Ríos dependerá ahora de la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es el órgano facultado para extender la revisión de plazos a todos los privados de libertad, tal como ya lo hizo de manera inicial con tres casos específicos.
