Jueza suspende contratos de litio por falta de evaluación ambiental
La Justicia paraliza los acuerdos con empresas china y rusa. La medida cautelar fue solicitada por la Defensoría del Pueblo para proteger a los habitantes del Salar de Uyuni y el medioambiente. La jueza estableció condiciones estrictas para levantar la suspensión.
Un freno judicial a la explotación del litio
A pedido de la Defensoría del Pueblo, una jueza agroambiental de La Paz ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el tratamiento de los contratos para la explotación del litio con la empresa CBC de China y Uranium de Rusia. La decisión, reportada por la agencia ERBOL, se mantendrá hasta que se cumplan una serie de requisitos ambientales y de consulta.
Las condiciones para desbloquear los proyectos
La magistrada estipuló varias condiciones indispensables. Primero, que se informe acerca de la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico. En segundo lugar, que se realice un estudio acerca de las aguas fósiles en la región. Como tercera medida, instruyó que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con los habitantes del área afectada.
La postura de la Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aclaró que la institución «no está en contra de ninguna iniciativa económica» del Estado. Sin embargo, enfatizó que es fundamental que estas actividades respeten los Derechos Humanos y ambientales, razón por la cual se activó el proceso legal que derivó en las medidas cautelares.
Un recurso estratégico bajo la lupa
Bolivia posee una de las mayores reservas de litio en el mundo, un mineral crucial para la transición energética global. Esta riqueza natural convierte cualquier proyecto de explotación en un asunto de alto impacto económico, social y ambiental para el país.
El camino a seguir está marcado por la ley
El futuro inmediato de estos contratos queda supeditado al cumplimiento de las exigencias judiciales. La Asamblea Legislativa no podrá retomar su tratamiento hasta solicitar el estudio de impacto ambiental y convocar a todos los actores involucrados, situando el cumplimiento de la normativa ambiental y de consulta como paso previo e ineludible.
