Trabajadores de salud de Santa Cruz mantienen paro indefinido por impago
Más de 10.000 empleados exigen el pago de un bono de vacunación de 27 millones de bolivianos. La Gobernación asegura disponer de 22 millones y pide paciencia, pero los manifestantes se niegan a levantar la medida hasta cobrar la totalidad.
Un pulso por el cumplimiento de la palabra
Robert Hurtado, representante de los trabajadores, fue contundente al afirmar que «no vamos a dar ningún cuarto intermedio, porque ya lo dimos y se hicieron la burla». Ratificó que el «paro es indefinido» hasta que se cancele lo adeudado a todos los empleados. Esta postura es una respuesta directa al secretario departamental de Salud, Marcelo Kramer, quien pidió a los manifestantes que no castiguen a la población y aseguró que el pago se realizará «pronto».
El desglose de la deuda
Los trabajadores reclaman específicamente el viático de vacunación, el retroactivo del ítem GAD y Prefectural, además de otras demandas municipales y departamentales. Un acuerdo, alcanzado con la intermediación del Comité pro Santa Cruz, establecía que el pago debía efectuarse hasta el 18 de agosto, plazo que no fue cumplido por la Gobernación.
Los recursos insuficientes
Desde la Gobernación, Kramer explicó la situación financiera: «Actualmente dispone de Bs 22 millones de los Bs 27 millones necesarios». Además, justificó el retraso señalando que «es una obligación que nos otorga el Gobierno central: nos otorga y delega sin los recursos necesarios», trasladando parte de la responsabilidad a la administración nacional.
Un conflicto que viene de lejos
La tensión entre los trabajadores de salud y la Gobernación cruceña no es nueva. El incumplimiento de un acuerdo previo, mediado por el Comité pro Santa Cruz, el Colegio Médico y la Defensoría del Pueblo, ha llevado a una total desconfianza por parte de los manifestantes, quienes se sienten burlados y por ello han decidido no dar tregua esta vez.
La salud pública en suspenso
La continuidad del paro indefinido mantiene en vilo al sistema de salud público del departamento, afectando directamente la atención a la población. La medida de fuerza evidencia una fractura en la gestión de recursos y cumplimiento de compromisos que tendrá repercusiones en la ciudadanía mientras no se resuelva.
