Diputado denuncia retraso en investigación contra hijo de Presidente
La Fiscalía suspende registro clave y no responde a requerimientos documentales. El legislador Héctor Arce acusa de negligencia y amenaza con huelga de hambre. El caso investiga la compra de un predio valuado en 3,3 millones de dólares.
Un proceso que se atasca
El diputado opositor Héctor Arce denunció que la Fiscalía está dilatando la investigación contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por enriquecimiento ilícito. Argumentó la suspensión del registro al predio Adán y Eva en Santa Cruz y la falta de atención a los requerimientos documentales a diferentes instituciones estatales. El legislador advirtió que estas acciones pretenden «encubrir al hijo del mandatario y cerrar el proceso».
Falta de avances y una amenaza de protesta
El diputado afirmó que existe «hermetismo, negligencia de los fiscales porque no hay avances en la investigación». Ante esta situación, amenazó con iniciar una huelga de hambre en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, para evitar que se absuelva al hijo del jefe de Estado.
Requerimientos sin respuesta
Para avanzar con el proceso, el diputado remitió nueve requerimientos a instituciones como el Banco Ganadero, la ASFI, Impuestos Nacionales y la UIF, pero hasta el momento no obtuvo respuesta de ninguna de ellas.
Ampliación de la investigación
El diputado indicó que está solicitando al Ministerio Público que las investigaciones se amplíen contra la hija del mandatario, Camila Arce Mosqueira, el exdueño del predio y el Banco Ganadero, para que esta entidad financiera explique cómo se otorgaron los créditos.
Un caso reabierto con nuevos hallazgos
El Ministerio Público reabrió la investigación el 24 de julio de 2025, con nuevos hallazgos, por la compra del predio “Adán y Eva” de 2.187 hectáreas. El fiscal general Roger Mariaca informó que se emitió una alerta migratoria contra el hijo del mandatario, medida que el diputado considera insuficiente.
El ciudadano y la impunidad
La denuncia de un diputado sobre la posible obstrucción de una investigación de alto perfil pone el foco en la independencia de las instituciones judiciales. Para el ciudadano, la percepción de impunidad o trato preferente erosiona la confianza en el sistema y en el principio de igualdad ante la ley.
