ONU declara arbitraria la detención de Camacho y exige su liberación
El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que se violaron derechos humanos. La resolución, emitida el 29 de marzo de 2025, insta al Estado boliviano a remediar la situación «sin dilación». La defensa del gobernador cruceño afirma que el fallo es vinculante.
«Un mandato que Bolivia debe acatar»
El abogado Martín Camacho, representante del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que la resolución de la ONU es «vinculante» bajo el principio del «bloque de constitucionalidad». «El Estado debe cumplir y ordenar su liberación», exigió. El documento señala que la detención vulneró múltiples artículos de la Declaración Universal de DDHH y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Rechazo gubernamental y exigencias
El ministro de Justicia, César Siles, rechazó el informe, mientras que la Human Right Foundation (HRF) insistió en que Bolivia está «obligada» a liberar a Camacho. El Grupo de Trabajo también pidió investigar las circunstancias de su aprehensión en diciembre de 2022, cuando fue interceptado por policías de civil en Santa Cruz y trasladado a La Paz.
Una detención bajo la lupa internacional
El organismo de la ONU destacó que se violaron garantías fundamentales durante el operativo y exigió sancionar a los responsables. La resolución incluye medidas reparatorias y alinea el caso con estándares internacionales. La defensa advirtió que recurrirá a acciones legales si no se cumple el fallo.
De Santa Cruz a La Paz: un caso con repercusiones
Camacho fue detenido el 28 de diciembre de 2022 en un controvertido operativo. El informe de la ONU cuestiona tanto el procedimiento como la legalidad de su prisión preventiva. Para la ciudadanía, el caso refleja tensiones entre el Gobierno y la oposición, además de poner a prueba el cumplimiento de tratados internacionales.
¿Qué sigue para Camacho?
La presión internacional aumenta sobre Bolivia para que cumpla la resolución. Mientras la defensa insiste en la liberación inmediata, el Ejecutivo mantiene su postura contraria. El desenlace podría influir en futuros casos similares y en la relación del país con organismos globales.
