Gobierno boliviano rechaza resolución del Parlamento Europeo sobre presos
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, asegura que «en Bolivia no existen presos políticos». La declaración responde a las observaciones de una delegación europea que pidió la liberación de detenidos tras la crisis de 2019, basándose en una resolución de 2021.
Un pulso diplomático por la justicia
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, insistió este miércoles que las acciones judiciales iniciadas tras la crisis de 2019 «no son procesos políticos». Afirmó que los procesados «han adecuado su conducta a un tipo penal» y que se les ha otorgado el derecho a defenderse por parte del Órgano Judicial. Esta postura oficial constituye una respuesta directa a la presión internacional.
La postura europea que reabrió el debate
Annalisa Corrado, jefa de la delegación del Parlamento Europeo que observó las elecciones, aprovechó la presentación de su informe preliminar para recordar la resolución de 2021. Dicha resolución consideraba a los detenidos como «presos políticos» y pedía su liberación inmediata, al considerar las detenciones como «arbitrarias e ilegales». Corrado aclaró que su institución «respeta totalmente la soberanía de Bolivia», pero que «va a monitorear el tema».
Los ecos de una crisis constitucional
El origen de este conflicto se remonta a la crisis política de 2019, que el Gobierno actual califica como una «interrupción del orden constitucional». Tras esos eventos, en 2021 se produjo la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y de algunos de sus excolaboradores. Ese mismo año, el Parlamento Europeo aprobó la resolución que ahora vuelve a ser el centro del debate diplomático.
La soberanía nacional como línea roja
La ministra Saravia remarcó la posición del Gobierno al señalar que «el Parlamento Europeo no es una entidad boliviana» y que «primero que nada, generará una independencia y una soberanía». Este intercambio de posturas sitúa el caso en el ámbito de las relaciones internacionales, donde un organismo supranacional ejerce presión sobre asuntos que un Estado considera de jurisdicción interna, garantizando que el tema seguirá siendo monitoreado.
