Juez ordena detención de policías por muerte de cocalero

Tres policías fueron detenidos preventivamente por la muerte de un dirigente cocalero en Cochabamba, tras hallar contradicciones en sus declaraciones y evidencia de uso excesivo de fuerza.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Personas con indumentaria protectora detrás de una cinta de seguridad bajo una luz nocturna.
Miembros de un equipo forense trabajan en una escena resguardada por cinta de seguridad, con vehículos en el fondo.

Juez ordena detención preventiva de tres policías por muerte de dirigente cocalero

Los agentes presentaron contradicciones en sus declaraciones sobre el operativo del 26 de marzo. El fiscal de Cochabamba confirmó que la autopsia y las inconsistencias en los testimonios fueron clave para la medida. Los implicados están recluidos en centros penitenciarios de la región.

«Contradicciones que apuntan a responsabilidad»

El Juzgado de Niñez y Adolescencia Penal Nº 1 de Ivirgarzama determinó la detención de los policías Delin L.B., José L.M.C. y Ovidio A.M.T., imputados por homicidio. Según el fiscal Osvaldo Tejerina, la autopsia y las versiones inconsistentes de los agentes respaldan la decisión judicial. Dos fueron trasladados a San Pedro de Arani y uno a Quillacollo.

Los hechos

El incidente ocurrió a las 05:00 del 26 de marzo durante un operativo en Ivirgarzama (Cochabamba). Inicialmente se reportó un «enfrentamiento armado», pero investigaciones preliminares sugieren uso excesivo de fuerza. El fiscal Juan Pablo Castro destacó que «las pesquisas continúan para esclarecer la verdad material».

Antecedentes: Un caso que revive tensiones

El dirigente cocalero Yonny C.R. (30 años) falleció durante la intervención policial en Puerto Villarroel, zona vinculada históricamente a conflictos por cultivos de coca. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad.

Justicia en marcha

El caso expone protocolos de actuación policial en operativos rurales. La medida judicial busca garantizar el proceso mientras se recaban más pruebas. La repercusión en comunidades cocaleras y organismos de derechos humanos sigue bajo observación.