Órgano Judicial recibe Bs 10,8 millones para emergencia presupuestaria

El Estado transfirió Bs 10,8 millones al Órgano Judicial para contratar personal eventual y garantizar la atención judicial, mitigando la crisis financiera del TSJ, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
unitel.bo
Grupo de personas en una sala formal con banderas en el fondo.
La imagen muestra a varios individuos sentados y de pie en una mesa en un entorno formal, con dos banderas visibles detrás.

Órgano Judicial recibe Bs 10,8 millones para emergencia presupuestaria

El Estado transfirió fondos para contratar personal eventual y garantizar atención judicial. La medida busca mitigar la crisis financiera que afecta al TSJ, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Se anunció el 01/04/2025 tras coordinación con los ministerios de Justicia y Economía.

«Sin recursos no hay justicia eficiente»

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) detalló que los Bs 10,8 millones se destinarán prioritariamente a personal eventual para ventanillas, primer contacto con los ciudadanos. «Garantizar el acceso a la justicia es fundamental», señaló el comunicado oficial. La contratación busca agilizar trámites y reducir la sobrecarga en el sistema.

Un déficit que limita la independencia

El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, reveló que el Órgano Judicial opera con Bs 140 millones menos de lo necesario. «No podemos hablar de reformas sin presupuesto», afirmó. Por su parte, Manuel Baptista Espinoza (Consejo de la Magistratura) exigió un presupuesto mínimo del 3%, como establece la ley, para evitar riesgos a la independencia judicial.

Una emergencia declarada por unanimidad

Las tres instituciones del Órgano Judicial acordaron la emergencia ante la falta de recursos. La transferencia se gestionó tras reuniones entre el Ministerio de Justicia y Economía. Saucedo advirtió que sin fondos, el funcionamiento básico está comprometido.

Un sistema judicial al límite

El Órgano Judicial arrastra una crisis presupuestaria crónica, con asignaciones anuales insuficientes. La norma boliviana establece que debe recibir el 3% del presupuesto nacional, pero en la práctica depende de transferencias discrecionales. Esta situación, según las autoridades, pone en riesgo la capacidad de respuesta ante la demanda ciudadana.

Un alivio temporal con desafíos pendientes

Los Bs 10,8 millones paliarán necesidades urgentes, pero no resuelven el déficit estructural. La eficacia de la medida dependerá de una asignación presupuestaria estable, tal como exigen las autoridades judiciales.