Panificadores independientes piden eliminar subsidio a la harina

Productores de pan exigen eliminar la subvención a la harina por distorsión del mercado y corrupción, mientras el Gobierno advierte sobre el impacto en los precios al consumidor.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Imagen sin título Información de autor no disponible / ANF
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Panificadores independientes piden eliminar subvención a la harina

El pan costaría entre Bs 0,70 y Bs 1,48 sin subsidio. Mientras el Gobierno advierte sobre el impacto al consumidor, los productores denuncian competencia desleal y corrupción. El debate surge tras denuncias contra Emapa y un dirigente federado.

«La subvención desangra al Estado y distorsiona el mercado»

El viceministro Jorge Silva afirmó que sin subsidios el pan alcanzaría Bs 1,48, pero los panificadores independientes, liderados por Severo Calle, insisten en que su precio real es de 0,70 centavos. «Genera corrupción y competencia desleal», sostuvo Calle tras reunirse con Silva este 13 de agosto.

El conflicto detrás de la harina

La polémica escaló tras revelarse un contrato de Emapa con el dirigente federado Rubén Ríos, quien vendió 20.000 bolsas de harina subvencionada a Bs 299 cada una, totalizando Bs 5,98 millones. Ríos aclaró que el acuerdo se firmó en noviembre de 2024, antes de asumir su cargo.

Presión para mantener precios artificiales

Calle denunció que, pese a intentar vender el pan a 0,75 centavos desde mayo, enfrentaron presiones de municipios, otros panificadores y consumidores. «El pan subvencionado es más pequeño y algunos ya pagan 0,70«, explicó, destacando la insostenibilidad del modelo actual.

Un subsidio con sombras

La subvención a la harina se implementó históricamente para garantizar precios bajos, pero ahora enfrenta críticas por malversación y distorsión del mercado. Emapa, creada para estabilizar la producción, está en el centro de las acusaciones tras el caso Ríos.

El pan, termómetro de una disputa mayor

El debate refleja tensiones entre políticas sociales y eficiencia económica. Mientras el Gobierno prioriza el acceso popular, los productores independientes exigen transparencia y un mercado sin subsidios. La resolución podría redefinir el precio de alimentos básicos en Bolivia.

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