Boluarte promulga amnistía para militares pese a rechazo de la Corte IDH

La ley beneficia a fuerzas de seguridad implicadas en el conflicto interno (1980-2000). La presidenta peruana desoyó el pedido de suspensión del organismo internacional, alegando soberanía nacional. La medida afecta a más de 150 condenas y 600 procesos judiciales.

«Les devolvemos la dignidad»: un acto cargado de simbolismo

Dina Boluarte firmó la ley en una ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima, arropada por militares y policías, incluidos veteranos de operaciones controvertidas como la rescate de rehenes en la embajada de Japón (1997). La norma excluye a acusados de terrorismo o corrupción, pero absuelve a condenados por crímenes durante el conflicto armado.

El pulso con la Corte Interamericana

La Corte IDH había solicitado frenar el trámite, vinculándolo a sentencias previas por masacres como Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), casos que llevaron a prisión al expresidente Alberto Fujimori. Boluarte argumentó que «el Perú rechaza intromisiones» y acusó a organismos de «distorsionar la historia».

Impacto en las víctimas

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denuncia que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia». Entre los beneficiados podría estar Telmo Hurtado, condenado por la masacre de Accomarca (1985), donde murieron 69 civiles, incluidos 24 menores.

Un conflicto que aún divide

Perú vivió entre 1980 y 2000 una guerra interna contra Sendero Luminoso y el MRTA, con 69,000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad. Las fuerzas de seguridad fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales y torturas, mientras que el Estado reconoció su responsabilidad en casos emblemáticos ante la Corte IDH.

Una herida que se reabre

La medida profundiza la polarización en un país donde el 97% desaprueba a Boluarte, según encuestas. Mientras el Gobierno insiste en «honrar a los defensores de la patria», las víctimas temen que se pierdan los avances judiciales de los últimos 20 años.