Denuncian corrupción en obra turística de Mocomoco por 6,5 millones de bolivianos
Comunarios acusan al municipio y al FPS de avasallar tierras y falsificar documentos. El proyecto, financiado por el Gobierno, habría incumplido requisitos legales y dañado propiedades de 40 familias. La entrega se realizó en julio pese a las irregularidades denunciadas.
«Destruyeron una comunidad originaria campesina»
El abogado Marvin Astorga, representante de los comunarios de Putina Cotamaza, denunció que el municipio de Mocomoco y el FPS actuaron con «contubernio» para ejecutar la obra sin derecho propietario sobre los terrenos. Según los afectados, «inventaron un folio real con datos falsos» para justificar la construcción del circuito turístico.
Adjudicación irregular y daños irreparables
La empresa «Asociación Accidental Mocomoco» habría sido contratada sin cumplir los requisitos de solvencia, y usó documentación «irregular» para subsanar faltas. Los comunarios aseguran que sus parcelas, una iglesia antigua y una piscina comunitaria fueron destruidas mediante mandamientos de expropiación «ilegales». El INRA confirmó que no existe registro de expropiación.
Proyecto sin demanda y sobreposición fraudulenta
Amalia Tintaya, Mama Jilakata de la comunidad, lamentó que las piscinas ampliadas no puedan llenarse con agua termal y criticó la falta de viabilidad turística: «Son siete horas de viaje desde La Paz». Astorga reveló que el FPS usó informes de un proyecto en Ayo Ayo para justificar la obra en Mocomoco, evidenciando «afinidad política».
Un fondo polémico con antecedentes opacos
El circuito turístico se financió con el FOCIPP, creado en 2022 bajo el FPS, que cubrió el 100% del costo (Bs 6,5 millones). Pese a las denuncias, el presidente Luis Arce inauguró la obra en julio. El informe de Transparencia del FPS detectó incumplimientos en plazos y justificaciones, pero la institución no respondió a las consultas.
Una herida que no cierra
Las comunidades de Huancamarca y Majmani pidieron retirar sus nombres del proyecto, al no verse beneficiadas. El caso expone fallas en la supervisión de fondos públicos y vulneración de derechos colectivos, mientras el alcalde de Mocomoco evade dar explicaciones.
