Conflicto en Bolivia por contrato de litio con Uranium One Group

Diputados bolivianos intentan reinstalar sesión sobre el contrato de litio con la rusa Uranium One Group, mientras protestas lideradas por la diputada Lissa Claros denuncian irregularidades y opacidad.
El Deber
Nueva protesta por el litio en el Legislativo Captura/RedUno / EL DEBER
Nueva protesta por el litio en el Legislativo Captura/RedUno / EL DEBER

Diputados bolivianos intentan reinstalar sesión sobre litio entre protestas

La Comisión de Economía Plural suspendió nuevamente el tratamiento del contrato con la rusa Uranium One Group. La diputada Lissa Claros lideró las protestas con cívicos y otros parlamentarios, denunciando «agresiones» e irregularidades. El conflicto se repite desde febrero, cuando se pospuso el debate para trasladarlo a Potosí.

«No dejaremos salir a quienes vendieron sus votos»

La sesión se intentó reinstalar a las 09:00 de este martes, tras ser declarada en cuarto intermedio sin fecha el lunes. Claros (CC, ahora Alianza Libre) acusó a los diputados oficialistas de actuar «sin prensa» y aseguró que «permanecerán en vigilia» para impedir quorum en otro ambiente. Funcionarios respondieron que la legisladora «provocó agresiones al resguardar documentación».

Repercusión para Potosí

Una comisión de cívicos potosinos llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para protestar. En febrero, la comisión aceptó debatir el contrato en Potosí, pero ahora los diputados oficialistas se niegan al traslado. Los recursos del litio son estratégicos para esta región, principal productora del mineral.

Un conflicto que viene de lejos

El contrato con Uranium One Group genera controversia desde 2024, cuando el Gobierno lo promovió como parte de su estrategia de industrialización. Potosí exige mayor participación en los beneficios, mientras la oposición denuncia «opacidad» en los términos del acuerdo. Esta es la tercera suspensión en lo que va del año.

El litio sigue en pausa

La polarización política retrasa nuevamente la decisión sobre un recurso clave para Bolivia. Mientras los diputados oficialistas insisten en aprobar el contrato, la oposición y los cívicos exigen transparencia y consulta previa. El cuarto intermedio sin fecha prolonga la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

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