Exministro boliviano en España reclama justicia imparcial para su retorno

Hugo Carvajal, exministro boliviano refugiado en España, denuncia persecución judicial del MAS y exige reformas para garantizar su retorno a Bolivia.
Erbol
Hugo Carvajal, diputado tarijeño y exministro de Estado. Foto/tomado de internet Información de autor no disponible / Periodismo Que Cuenta
Hugo Carvajal, diputado tarijeño y exministro de Estado. Foto/tomado de internet Información de autor no disponible / Periodismo Que Cuenta

Exministro boliviano en España reclama justicia imparcial para su retorno

Hugo Carvajal denuncia persecución judicial del MAS y pide reformas. El exministro tarijeño, refugiado en Madrid desde 2009, exige garantías para volver a Bolivia. Sobrevive con su esposa vendiendo comida boliviana y consultorías.

«No eludo un proceso, quiero uno justo»

Hugo Carvajal Donoso, exministro y diputado, afirma que la justicia boliviana fue «cooptada» durante el gobierno de Evo Morales. «El acusador en mi caso terminó siendo presidente», declara desde España, donde obtuvo refugio con apoyo de la ONG ACCEM en 2009. Reclama una reforma judicial profunda para permitir el retorno de exiliados como él.

Vida en el exilio: silpanchos y consultorías

Su sustento proviene del trabajo familiar: su esposa vende silpanchos a 16-17 euros, mientras él realiza consultorías con becas europeas. «Hemos trabajado de todo», afirma. Pese a la distancia, insiste en que su anhelo es volver «con tribunales imparciales».

Advertencia sobre Evo Morales

Carvajal alerta que el exmandatario «seguirá generando violencia» y podría enfocarse en elecciones subnacionales para recuperar influencia. Critica que más de 200 personas permanezcan encarceladas «injustamente».

Entre platos y nostalgia

El exilio de Carvajal comenzó en 2009, cuando huyó de acusaciones judiciales que atribuye al MAS. Su caso refleja el éxodo de opositores durante el gobierno de Morales, muchos aún sin posibilidad de retorno.

Justicia pendiente, patria lejana

La demanda de Carvajal evidencia los desafíos del sistema judicial boliviano post-MAS. Su situación ilustra cómo el conflicto político sigue marcando vidas, incluso a miles de kilómetros de distancia.

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