Gobierno boliviano firma acuerdo con Manfred Reyes Villa ante CIDH

El gobierno boliviano firmó un acuerdo de solución amistosa con Manfred Reyes Villa ante la CIDH, cerrando el proceso sin indemnización económica, pero generando críticas de la oposición.
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Una persona en un podio hablando por un micrófono.
Un individuo vestido formalmente ofrece un discurso en un evento.

Gobierno boliviano firma acuerdo con Manfred Reyes Villa ante la CIDH

El ministro de Justicia confirma una «solución amistosa» para cerrar el proceso. El pacto, denunciado por la oposición como «pacto de impunidad», no incluye indemnización. El caso involucraba denuncias de violación de derechos humanos contra el alcalde de Cochabamba.

Un acuerdo bajo la lupa

El ministro de Justicia, César Siles, confirmó que el Gobierno suscribió en 2024 un «acuerdo de solución amistosa» con Manfred Reyes Villa para cerrar su demanda ante la CIDH. «El acuerdo fue suscrito el año pasado y está en proceso de cumplimiento», declaró, aclarando que no contempla indemnización económica.

La denuncia de la oposición

El diputado opositor Alberto Astorga (CC) calificó previamente el acuerdo como «pacto de impunidad». Según documentos presentados por Astorga, el Estado habría reconocido responsabilidades en reserva, aunque la Procuraduría negó que existiera compromiso de anulación de procesos nacionales.

Los antecedentes del caso

Reyes Villa acudió a la CIDH alegando persecución política y violación de garantías judiciales durante los procesos penales en su contra. En 2023, el TCP anuló 12 de los 13 casos que enfrentaba por presunta corrupción durante su gestión como prefecto, basándose en la Sentencia Constitucional 0405/2023-S4.

Entre demandas y créditos internacionales

La noticia surge mientras la Asamblea Legislativa debate un crédito de 100 millones de dólares de Japón y el Concejo cruceño aprueba una polémica Ley de Fiscalización que permite sustituir alcaldes en suplencia.

Un cierre sin indemnización, pero con repercusiones

El acuerdo marca el fin de un proceso internacional, pero reaviva el debate sobre impunidad y justicia en Bolivia. Su cumplimiento se desarrolla en un contexto de tensiones políticas y reformas institucionales.