Exsenador Bravo afirma que caso Porvenir fue «armado» por el gobierno de Morales en 2008
El Tribunal Supremo anuló el juicio contra Leopoldo Fernández tras 17 años. Paulo Bravo denuncia que el operativo buscaba derrocar al entonces prefecto de Pando. La decisión judicial ordena reabrir el caso bajo la figura de juicio de responsabilidades.
«Un caso montado con fines políticos»
El exsenador Paulo Bravo aseguró que el gobierno de Evo Morales «hizo esfuerzos para que existan muertos» durante los enfrentamientos de 2008 en Pando. Según su testimonio, «se planificó desde mucho antes» para justificar la detención de Fernández, entonces opositor al MAS.
El operativo militar en Cobija
El 11 de septiembre de 2008, militares rodearon la prefectura de Pando y detuvieron a Fernández. El ministro Juan Ramón Quintana comandó la acción, que se produjo tras la muerte de campesinos y funcionarios en un contexto de polarización política. Fernández fue trasladado a La Paz y encarcelado por casi una década.
Fallo histórico del Tribunal Supremo
La Sala Penal del TSJ anuló el juicio por «vulneración al debido proceso», al determinar que no se juzgó a los acusados en Cobija, su jurisdicción natural. El magistrado Carlos Ortega ordenó reabrir el caso como juicio de responsabilidades. Bravo destacó que «la Asamblea de Derechos Humanos se retiró por considerarlo político».
Heridas que empiezan a cerrarse
Bravo mencionó que las familias afectadas «ya se han perdonado» tras 17 años. Subrayó que la decisión judicial permitirá esclarecer los hechos y saldar una «deuda histórica» con Pando. Relató cómo escoltó a Fernández en su camioneta roja para evitar que los militares lo trasladaran.
Pando, epicentro de la polarización
En 2008, Bolivia vivía una crisis política marcada por enfrentamientos entre simpatizantes del MAS y opositores. El gobierno acusó a Fernández de ser responsable de la «masacre» de Porvenir, mientras la oposición denunciaba persecución. El caso se convirtió en símbolo de la fractura social.
Justicia que llega tarde, pero llega
La anulación del juicio reabre un capítulo controvertido de la historia boliviana. El proceso deberá reiniciarse en Pando, bajo nuevas normas procesales. Sin embargo, el impacto político y social de los eventos de 2008 aún resuena en la región.
