ANIV y Fedemype denuncian impunidad ante contrabando y falsificaciones

Bebidas adulteradas y prendas falsificadas saturan el mercado boliviano. La ANIV y Fedemype alertan sobre riesgos sanitarios y competencia desleal por falta de controles estatales. Denuncian complicidad en fronteras y operaciones a gran escala.

«Botellas plásticas con alcohol disfrazado de singani»

Fernando Galarza, gerente de la ANIV, reveló que se venden mezclas de alcohol etílico con saborizantes como singani legítimo. «Son peligrosos para la salud y carecen de registros sanitarios», denunció. Criticó la inacción del SENASAG y señaló que las falsificaciones usan etiquetas de marcas reconocidas o se comercializan en «granaditas» sin autorización.

El giro del contrabando

Galarza explicó que, aunque el contrabando de vinos argentinos disminuyó por su encarecimiento, la adulteración local crece «aceleradamente». «Antes competíamos con vinos ilegales que costaban la mitad; ahora el fraude interno es más rentable y sin riesgos», afirmó.

«La Aduana está de adorno»: textiles invadidos por piratería

Félix Huaycho, de Fedemype, detalló que ingresan containers con ropa falsificada o usada desde Perú, Colombia y Brasil. «Sospechamos corrupción en fronteras: no es contrabando hormiga, sino industrial», acusó. Subrayó que la producción nacional no puede competir con precios de productos piratas o sin marca.

Impacto en empleo y salud

Ambos líderes coincidieron en que la impunidad alimenta estas prácticas. Huaycho alertó sobre el daño a empleos formales, mientras Galarza enfatizó el «riesgo sanitario grave» de consumir bebidas adulteradas. «El Estado debe intervenir con urgencia», exigieron.

Cuando Argentina inundaba el mercado

Entre 2020 y 2023, el 45% del mercado vitivinícola boliviano estaba copado por vinos argentinos de contrabando, vendidos a la mitad del precio local. La crisis económica en Argentina redujo este flujo, pero desvió el problema hacia falsificaciones internas.

Sin controles, el ilícito sigue campante

La denuncia evidencia un vacío de fiscalización en fronteras y mercados internos. Mientras las autoridades no actúen, la salud pública y la industria formal seguirán pagando el costo.