Kailasa amenaza legalmente a periodistas bolivianos por sus publicaciones

Tres comunicadores recibieron advertencias legales vía WhatsApp y correo. Un supuesto representante de la «Corte Suprema de Kailasa» exige retractaciones por informaciones sobre negociaciones de tierras con indígenas. Los hechos ocurrieron entre el 24 y 30 de marzo en Santa Cruz y Beni.

«Cese y desistimiento inmediato»: el tono de las amenazas

La periodista Silvana Vincenti (EL DEBER) y otros dos colegas recibieron mensajes de Ms Surekha Sekar, quien se autodenomina asesora legal de Kailasa. Acusan a los medios de «difundir falsedadesdiscurso de odio» contra este grupo religioso. La amenaza incluye acciones legales si no hay «retractación pública» y eliminación de contenidos.

Base legal cuestionada

El remitente citó un número de colegiación de India, pero la «Corte Suprema de Kailasa» opera desde una casa en Exaltación (Beni), donde tres irlandeses instalaron esta estructura. Kailasa afirma ser un «Estado indígena» y alega persecución mediática.

El vínculo con territorios indígenas bolivianos

Las amenazas surgieron tras investigaciones sobre contratos de Kailasa con la nación cayubaba en Beni. El grupo asegura que alquiló tierras legalmente y brindó «ayuda humanitaria». Sin embargo, 20 de sus miembros fueron expulsados por Migración boliviana el pasado fin de semana.

Estrategia de victimización

Kailasa «se victimiza en redes sociales» y afirma que medios internacionales se retractaron antes. Durante una visita a EL DEBER, sus enviados preguntaron a Vincenti si ya había eliminado sus publicaciones.

De India a Beni: un grupo con operaciones globales

Kailasa se presenta como una «nación indígena global» perseguida, con supuesta sede en Delaware (EE.UU.) y vínculos en India. En Bolivia, intentó establecerse en territorios indígenas, generando controversia por su estatus legal y financiero.

Presión legal como herramienta de censura

Las amenazas buscan silenciar coberturas críticas sobre sus actividades en Bolivia. El caso expone los riesgos para la prensa ante grupos con estructuras legales transnacionales difusas.